La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Liz Throssel, manifestó este viernes la seria preocupación ante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el martes por la Asamblea Legislativa de El Salvador, ya que requiere a “personas naturales y jurídicas” que reciben fondos internacionales a registrarse como “agentes extranjeros”, que pagarán un impuesto y se arriesgan a multas y sanciones.
“Esto podría estigmatizar y repercutir negativamente en la importante labor de derechos humanos que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, algunas pudiendo verse obligadas a interrumpir sus actividades”, indicó la representante de la organización internacional.
“Es probable que afecte negativamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y algunas de ellas se verán obligadas a suspender sus actividades”, indicó la misma Oficina en X.
La Oficina considera que la nueva ley tiene un “lenguaje ambiguo” y disposiciones que podrían “restringir indebidamente” los derechos a la libertad de asociación y expresión, por lo que exhortó al gobierno a respetar “sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos” y pidió garantizar un entorno en el que la sociedad civil pueda desempeñar su función.
La Asamblea Legislativa aprobó el 20 de mayo la Ley de Agentes Extranjeros que obliga a todas las personas naturales y jurídicas que reciban fondos extranjeros o incluso financistas extranjeros a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) que estará a cargo de un director nombrado por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, y que tendrá facultades de solicitar cualquier información que considere conveniente a estos «sujetos obligados» y de solicitar que les canceles, si son personas jurídicas, la personería jurídica que les ha otorgado Gobernación. El RAEX también tendrá la obligación de entregar un informe sobre los sujetos obligados a la Fiscalía General de la República.
La ley también obliga a que «cualquier material informativo» sea transmitido «con la etiqueta que indique que el mismo se transmite de un mandante extranjero o es financiado por este».
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