La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos, copresidida por el congresista demócrata James McGovern, realizará una audiencia el 16 de abril de 2026 en la cual escucharán a testigos sobre el régimen de excepción en El Salvador cuya vigencia inició el quinto año.
A la audiencia están convocados: Sergio Arauz, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y periodista de El Faro; Isabel Carlota Roby, abogada principal de América Latina del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy; Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal; Juan Pappier, subdirector de las Américas de Human Rights Watch (HRW); Susana SáCouto, directora de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra de Washington College of Law de la Universidad Americana; y Andrés Martínez-Fernández, analista senior de políticas para América Latina de la Fundación del Patrimonio.
De acuerdo al anuncio de la Comisión, los testigos discutirán la situación en El Salvador y ofrecerán recomendaciones a Estados Unidos.
La audiencia promete ser abierta a los miembros del Congreso, público interesado y medios de comunicación; y se transmitirá en vivo a través del sitio web de la Comisión.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 después de una matanza de más de 80 salvadoreños realizada en tres días por las pandillas, 62 de los cuales fueron cometidos en un solo día.
La medida de seguridad facilitar que las autoridades capturen y mantengan detenidas a las personas por más de 72 horas sin ser llevadas ante un juez, ya que extiende el plazo de detención administrativa a 15 días; así mismo suspende derechos constitucionales relacionados a la privacidad de las telecomunicaciones y al derecho de defensa.
«Los funcionarios del gobierno afirman que afecta la duración de la detención administrativa de personas vinculadas a estructuras criminales y la interceptación de sus comunicaciones, pero que muchas organizaciones de derechos humanos reclaman que suspende los derechos fundamentales», resume la Comisión.
La Comisión señala que organizaciones de derechos humanos afirman haber documentado la detención arbitraria masiva, la tortura, las desapariciones forzadas y las violaciones del debido proceso, incluida la imposibilidad de acceder a un abogado y juicios masivos, menciona también el exilio de periodistas y las detenciones o amenazas contra abogados y defensores de derechos humanos.
Así mismo, indica que, en septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Ruth López y Enrique Anaya, ambos capturados, y exhortó al gobierno a garantizar acceso a su familia y a sus abogados, y revisar la legalidad de sus arrestos.
El Gobierno registra más de 91,000 personas arrestadas señaladas de ser pandilleros o terroristas y niega que se cometan violaciones a derechos humanos como torturas o muertes violentas dentro de las cárceles, aunque admite un margen de error en las capturas.
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