Un día después de aprobadas, el presidente de la República, Nayib Bukele, sancionó, el 27 de marzo, las reformas a seis leyes que regulan la aplicación de la pena perpetua para delitos de extrema gravedad con una revisión obligatoria para evaluar la libertad controlada de los condenados a la misma.
Por ello, 30 días después de haber firmado los seis decretos, el domingo 26 de abril próximo iniciará la vigencia de los juzgados de lo criminal creados de la conversión de juzgados de menores y de las reformas que penalizan con la cárcel perpetua los delitos de extrema gravedad.
Los decretos sancionados son: reformas al Código Penal, a la Ley integral por una vida libre de violencia contra las mujeres (LEIV), a la Ley especial contra actos de terrorismo, a la Ley Penal Juvenil, al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica Judicial.
La reforma permite distintas posibilidades para las personas condenadas a cadena perpetua.
Los delitos de extrema gravedad a los cuales se les aplicaría pena perpetua, en una virtual condena, serán: homicidio simple, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, violación agravada, violación en menor o incapaz, violación en menor incapaz agravada y pertenencia a organización criminal o terrorista, el nuevo delito creado por la reforma.
Antes de la reforma, los pandilleros eran acusados por «agrupaciones ilícitas», delito que después de la reforma será aplicado a grupos delictivos no pandilleriles con penas entre 10 y 20 años, y ya no en la cuantía que estaba establecida para pandilleros: entre 20 y 30 años, y 40 y 45 años para cabecillas.
La reforma ordena la cadena perpetua como única pena en caso de condena por la comisión de estos delitos, sean estos autores o cómplices necesarios, sean jóvenes de 12 a 18 años o adultos, miembros de pandillas o no.
Los nuevos jueces de lo criminal, anteriores jueces de menores, deberán hacer una revisión obligatoria de la pena perpetua para evaluar un posible régimen de libertad controlada bajo ciertas reglas.
Esta revisión de las penas perpetuas se haría obligatoriamente a todos los reos condenados a perpetuidad cada cinco años a partir de 25 años de prisión para los menores, 30 años para los adultos, 35 para los adultos condenados por varios delitos y a partir de los 40 años de prisión por delitos con agravantes.
Luego de la aplicación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, los homicidios han continuado su tendencia a la baja pero sin erradicarse totalmente.
El gobierno ha insistido en que los pandilleros no saldrán «nunca» de las cárceles. El 1 de junio de 2025, Bukele lo dijo así: «Sigan gritando libérenlos ya. Así que no los vamos a liberar ya ni nunca».
«Por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado porque debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Ya lo volvimos a agarrar y ya no va a volver a salir nunca más», aseguró Bukele también en esa ocasión.
En febrero de 2025, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, mientras promovía una reforma anterior para enviar a los menores a centros penales comunes, aseguró que no creen «en la rehabilitación de terroristas independientemente de la edad».
La reforma extendió esta pretendida perpetuidad de la prisión a los condenados por homicidio, feminicidio y violación; pero la misma reforma abre la posibilidad a la libertad para todos a partir de los 25 años.
Incluso la pena perpetua podría bajar a los 10 años de prisión si tiene autorización fiscal en un procedimiento abreviado, es decir, en el que confiese.
De 2024 a 2025, en El Salvador han ocurrido al menos 96 homicidios, 25 feminicidios y 2,739 violaciones según la memoria de labores de la Fiscalía; y 644 violaciones según el balance de gabinete de seguridad de 2025. Un año antes, hubo 117 homicidios, 25 feminicidios y 3,018 violaciones según la respectiva memoria de labores.
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