Este lunes, los diputados recibirían a la ministra de Economía, María Luisa Hayem, o un representante, para que explique el proyecto de normativa.
Según el proyecto de ley, los ingresos derivados del cobro de tarifas a los usuarios deben permitir al participante privado “obtener una rentabilidad adecuada al riesgo que asume y correspondiente a las condiciones del mercado”.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, subrayó la semana pasada que los sectores de salud, educación y agua referidos por la diputada Ortiz se excluyen de la nueva normativa. Por su parte, el diputado Edgardo Mulato aseguró que serán aplicados para servicios públicos y para infraestructura.
Mientras Vamos ha solicitado excluir los sectores de salud, educación y agua, diputados de Nuevas Ideas han aseverado que el Estado siempre tiene la responsabilidad de proveer los servicios de salud y educación, y que esa responsabilidad no se elimina con la participación de la empresa privada.
Mantienen modalidad de APP autosostenibles
La nueva propuesta de ley, en su artículo 8, considera que los contratos APP podrán ser autosostenibles, con ingresos del agente privado provenientes de “tarifas o valores cobrados directamente a los usuarios durante la vigencia del contrato” y cofinanciados, es decir, que requieren erogaciones estatales.
En la ley actual, también se incluyen las APP autosostenibles de ingresos derivados de tarifas que cubran los costos del proyecto.
La normativa buscaría que el privado obtenga “una rentabilidad adecuada al riesgo que asume y correspondiente a las condiciones del mercado sin demandar recursos o garantías de ningún tipo proveniente del Estado”.
Según el artículo 6 del proyecto, los contratos de APP “deberán establecer en forma clara los riesgos que asumen” tanto las entidades estatales contratantes como el agente privado.
El artículo 5 indica que los contratos APP podrán ser “autosostenibles” y subraya que estos serán los que tengan “ingresos derivados de las tarifas o valores cobrados directamente a los usuarios” para que cubran los costos del proyecto durante la vigencia del contrato sin demandar recursos al Estado.
Una alianza público privada o APP ser definiría como la vinculación a largo plazo entre el Estado y un agente privado para proveer servicios públicos y que “puede incluir mecanismos de pago sujetos a la disponibilidad y el estándar de calidad”.
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