La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este martes que siguen teniendo «serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción» en El Salvador y reiteró su llamado al Estado a poner fin a la medida.
La instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que aún mantienen un monitoreo para evaluar los efectos del régimen, reiterando que hay «denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas», «de actos de tortura, muertes bajo custodia y condiciones inhumanas de detención, afectaciones a las garantías judiciales, la protección judicial y el debido proceso». Según la Comisión, habría al menos 500 muertes bajo custodia estatal.
«El Estado debe evaluar rigurosamente si la decisión de mantener esta medida excepcional resulta compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con los principios de temporalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, en línea con lo señalado en su reciente Resolución 1/2026 sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos en las Américas», publicó este martes en un comunicado.
La CIDH enfatizó que el Estado «debe asegurar, en todo momento y conforme al debido proceso, las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal» pero que también debe «investigar, juzgar y sancionar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos».
También consideró que la imposición de la cadena perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo, junto con un paquete de reformas en materia penal, procesal penal y de justicia juvenil para su implementación «podría comprometer seriamente el debido proceso frente a la imposición de penas de máxima gravedad» y le advirtió que la prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes «es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena».
Sin embargo, valoró la disposición de El Salvador de mantener «un diálogo franco y constructivo» al referirse a su participación en las audiencias públicas de su 195 periodo de sesiones, en la cual organizaciones manifestaron su preocupación por persecución contra personas defensoras de derechos humanos y voces críticas, así como mencionaron la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
El Gobierno ha rechazado las críticas u observaciones de las organizaciones, así como cualquier política sobre violaciones a derechos humanos, maltrato estatal o persecución de voces críticas; y ha acusado a las organizaciones de solicitar liberar a los pandilleros, basándose en que estas aseguran que las capturas reportadas oficialmente bajo régimen de excepción son arbitrarias.
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