Durante décadas, El Salvador vivió bajo el yugo de grupos que, al inicio —en los años 90—, eran «jóvenes» clasificados por muchos estudiosos de la época como «muchachos desorientados» o «excluidos». Ese infantilismo y esa mirada romántica les permitió transformarse en organizaciones criminales perfectamente estructuradas, casi como un ejército irregular. Sin embargo, el problema no solo fue su crecimiento, sino la complicidad política: durante los 20 años de ARENA y los 10 del FMLN, lejos de un combate frontal, estos partidos decidieron no solo ignorarlos y dejarlos crecer hasta que dominaron comunidades y barrios completos, sino pactar con ellos con fines electorales.
Pactos plenamente documentados que dejaron a la población a merced del asedio criminal.
No necesitas un doctorado en sociología o política para saber que, ante este agotamiento y la traición de los partidos tradicionales, la población llegó a un punto de quiebre y desesperación que los obligó a tomar la medida más desesperada: entregarle el poder al Caudillo que prometía soluciones definitivas. Tras dos años iniciales sin gobernabilidad legislativa —en razón al cálculo más torpe de la oposición ya defenestrada en ese momento, que buscaba seguir mandando y chantajeando al que estaba en el poder—, se generó un escenario que se usó con tanto éxito que en 2021 la oposición fue masacrada electoralmente.
Esto permitió la instauración en 2022 de un régimen de excepción que, aunque fue alabado al principio por el alivio inmediato que experimentó la población —un alivio que persiste a pesar de las múltiples denuncias de abusos—, demostró con el tiempo que la medicina podía ser más amarga que la enfermedad. La operatividad arrasó con miles de inocentes que todavía están detenidos, evidenciando que la eficacia no justifica la arbitrariedad.
Dentro de este contexto de persecución de voces disidentes y entrega de reportes a lo largo de cuatro años, lo que vimos en la **Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos** del Congreso de los EE. UU. fue la cereza del pastel de una estrategia coordinada. En estas últimas semanas, se presentó documento tras documento y se forzó una audiencia temática en la CIDH; pero, al parecer, no lograban ganar la narrativa y llegaron finalmente a lo absurdo en la audiencia ante el Senado. **Susana SáCouto**, Directora del *War Crimes Research Office*, afirmó que cualquier acción contra miembros de las maras bajo el régimen de excepción debe ser considerada un ataque directo del Estado hacia un grupo de «población civil». Esta premisa es un insulto profesional a quienes sufrieron el terrorismo de las pandillas: las maras no son población civil, vulnerable y desarmada; son, en realidad, los peores victimarios que crecieron bajo la negligencia política y académica.
No logro entender —y créanme que quiero hacerlo— a los directores de organizaciones consideradas defensoras de derechos humanos. ¿Por qué Sergio Arauz (APES/El Faro), quien conoce la crueldad de las maras desde hace 15 años, se negó a reconocerlas de esa manera en el foro? ¿Por qué Noah Bullock, director de Cristosal, se centró en figuras políticas, dejando de lado a los sectores que no tienen esos privilegios? Si bien es cierto que Arauz y Ruth Eleonora López son víctimas indiscutibles del ejercicio del régimen, estos poseen redes de apoyo a nivel nacional e internacional que les brindan una plataforma y seguridad que el ciudadano común no tiene. Ruth cuenta con una familia ya resguardada fuera del país y un caso tan mediatizado que difícilmente sufrirá el desamparo total; Sergio cuenta con el respaldo para operativizar su exilio.
Desde mi perspectiva, ellos no necesitaban una silla en esa audiencia; en realidad, perdieron la oportunidad histórica de llevar a las «víctimas más vulnerables», a esas personas que sin redes de apoyo ni reflectores sufren lejos de los foros de premios. Bullock, por su parte, posee una ciudadanía norteamericana que le otorga una inmunidad que el salvadoreño de a pie no tiene. Esta élite de los derechos humanos parece haber caído en una burocratización del dolor, donde cada audiencia o documento es una vía para acceder a fondos de cooperantes. Se han vuelto mercenarios de la solidaridad que, en su afán por obtener la etiqueta de «crímenes de lesa humanidad», no dudan en desdibujar la realidad hasta convertir a los peores agresores en las «víctimas civiles» más importantes de su narrativa.
Concluyo con mucha claridad que entre la soberbia de ciertas organizaciones y protagonistas —tan evidente que las ha llevado a victimizar al victimario para ganar el titular mediático— y el oficialismo que pretende ignorar el dolor de las familias de los inocentes capturados o muertos en custodia del Estado, la realidad es desgarradora. Más allá de hablar de luces y sombras del régimen, hay que establecer con claridad que las evidentes violaciones cometidas y disfrazadas como margen de error, no justifican el relato sesgado de las élites. Al final del día, las víctimas reales —tanto las que sufrieron el terror de las maras como las que hoy sufren los atropellos del régimen— están solas.
El Salvador no necesita burócratas de los derechos humanos ocupando sillas ajenas, ni «mercenarios de la solidaridad» que justifican su fin último de poner una etiqueta internacional si esto pasa por volver a los peores agresores de los últimos 25 años en las víctimas civiles más importantes. Necesitamos justicia real para todos y todas: víctimas de maras y del régimen.
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