El Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM) nació en una época muy dura: en septiembre de 1981. En este 2026 cumplirá 45 años, aunque en sus inicios se llamó Comité Pro Libertad de Presos Políticos y Desaparecidos de El Salvador. Lamentablemente, su figura más emblemáticas acaba de fallecer. Se trata de Guadalupe Mejía viuda de Mejía, quien a finales del próximo mayo arribaría a los 83 años; alrededor de la mitad, los dedicó a defender a las víctimas. Originaria del cantón La Ceiba, entonces parte del municipio Las Vueltas en Chalatenango, desde adolescente comenzó su noviazgo con Justo Mejía quien a sus veintisiete años era una década mayor que ella. Terminaron casados y tuvieron, entre hijos e hijas, nueve criaturas.
Por predicar la palabra de Dios y promover la creación de la organización que se conocería como Unión de Trabajadores del Campo y formaría parte del Bloque Popular Revolucionario, Justo fue salvajemente asesinado por guardias nacionales el 9 de noviembre de 1977 cuando se disponía a participar en la primera toma del Ministerio de Trabajo realizada por dicho frente de masas. Monseñor Romero denunció cuatro días después, en la homilía dominical, su desaparecimiento; en la siguiente expresó que se le había horrorizado el corazón, al ver a la esposa con su prole cuando llegó a informarle que lo encontraron “con señales de tortura y muerto”.
“Su cadáver lo hicieron destrozado”, declaró ella. Por eso ‒agregó‒ nuestro ahora santo decía que “había sufrido la pasión de Cristo” pues “le quebraron los brazos, le sacaron el ojo, le quitaron las uñas con las boquillas de los fusiles y lo colgaron de los árboles”. Fue así que la vida de esta legendaria y digna luchadora cambió: comenzó “a ser padre y madre”, además de dedicarse a trabajar en la milpa con la ayuda de sus hijos más grandes. Y como ya se apuntó, posteriormente se entregó a la causa de los derechos humanos; sobre todo, a reclamar la presentación con vida de las personas desaparecidas entre las cuales se encontraba su hermano Gilberto. Así siguió hasta el recién pasado jueves 16 de abril.
Entre quienes fueron alcanzados por el flagelo de nuestra “noche y niebla” también está Mauricio Aquino Chacón. “Noche y niebla” fue la orden secreta emitida por Adolfo Hitler el 7 de diciembre de 1941, para desaparecer a las personas que eran consideradas una amenaza para el nazismo. Lo mismo ocurrió acá y en ese marco Mauricio fue secuestrado en la misma fecha que falleció Guadalupe Mejía, solo que en 1981; el hecho ocurrió después de la ofensiva guerrillera iniciada el 10 de enero del mismo año por el recién nacido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
“Pido a nuestra virgencita –clamó en su desgarrador testimonio la madre de este joven, a quien conocí en el colegio jesuita– que interceda en este drama desgarrador de personas desaparecidas y que no permita estos capítulos nunca más. Y que todo ciudadano tenga el justo derecho de ser juzgado si ha cometido algún delito”. ¡Nunca más! Este debió ser el propósito nacional después de que conseguimos se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía protectora de criminales, tras veintitrés años de vigencia.
Faltan alrededor de un par de meses para cumplirse una década desde que logramos dar ese paso necesario en el camino por derrotar la impunidad pero, al día de hoy, dicho fallo de la Sala de lo Constitucional ha terminado siendo un simple “papel mojado”; es decir, un documento que no produjo los efectos jurídicos esperados. En el mismo, se mencionó “una eventual legislación secundaria relacionada con las medidas de la justicia transicional salvadoreña”. Pero nada. Nada más allá de los intentos por aprobar una “amnistía maquillada” durante las legislaturas anteriores a las dominadas por el partido de Nayib Bukele, junto a la falsa “consulta” montada a partir del 2021 por esta facción que cumplirá ya cinco años dominando a plenitud el Legislativo.
¿Será que así como no incluyen la cadena perpetua para el delito de corrupción, también en este asunto están “matando su chucho a tiempo” o “curándose en salud”? Puede que sí, sobre todo tras publicarse el informe del Grupo internacional de expertas y expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en El Salvador conocido como el “GIPES, en el cual se concluye ‒entre otras‒ que en “el contexto de la política de seguridad enmarcada en el régimen de excepción”, hay hechos “que pueden constituir crímenes de lesa humanidad”; es decir, que trascienden a la víctima individual porque ofenden a la humanidad entera. Y estos gravísimos delitos, ¡no prescriben!
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