La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calificó que El Salvador cumple “en gran medida” con los estándares de transparencia e intercambio de información con fines fiscales.
Esta es la conclusión de una evaluación del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Global), fundado por la OCDE e integrado por 173 miembros que evalúan la implementación de normas sólidas en materia fiscal.
Se trata de la segunda ronda de revisiones que realiza el Foro Global, tras la primera evaluación llevada a cabo entre 2010 y 2016. En 2022 se presentó un informe que evaluó el marco jurídico y regulatorio de El Salvador, cuyos resultados fueron sometidos a análisis en esta revisión con normas vigentes a febrero de 2026.
“Este informe concluye que El Salvador cumple en gran medida con el estándar”, indica el documento publicado por la OCDE, que también evaluó a Belice, Camboya, Guinea, Gabón, Vanuatu, Niue y Montserrat.
El informe recuerda que en la evaluación de 2016 El Salvador obtuvo una calificación general de “cumplimiento en gran medida”, similar a los resultados de este año. Esta valoración se sustentó en que el país contaba con un marco jurídico y regulatorio “bien desarrollado”, aunque se identificó una deficiencia clave: la falta de un mecanismo para identificar a los titulares de acciones al portador.
Esto se debe a que las entidades no tienen la obligación de mantener una relación comercial continua con una persona sujeta a la normativa contra el blanqueo de capitales, por lo que la información sobre titularidad real no siempre está disponible.
Según la evaluación, la principal fuente de información en El Salvador, en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, es la titularidad real de entidades y cuentas bancarias a través de los requisitos de debida diligencia del cliente.
El informe señala que El Salvador reforzó su marco contra el blanqueo de capitales en 2023 y 2025 con cambios que proporcionan una guía más clara sobre la metodología para identificar a los beneficiarios finales. Sin embargo, la nueva legislación aún no se ajusta completamente al estándar.
“Si bien el marco regulatorio no presenta deficiencias materiales, hay margen de mejora en la mitigación de los riesgos relacionados con entidades aparentemente inactivas que conservan personalidad jurídica indefinidamente, a pesar de no cumplir con la normativa ni responder a las solicitudes”, agrega.
Secreto profesional
Otra deficiencia detectada en la evaluación es la ambigüedad en la regulación del secreto profesional. En este ámbito, el informe indica que ciertas disposiciones del Código Tributario permiten invocarlo cuando la divulgación está sujeta a sanciones penales.
“Esto genera incertidumbre sobre las circunstancias en las que se puede invocar el secreto profesional frente a la Administración Tributaria, lo que representa una deficiencia en el marco jurídico”, señala.
De acuerdo con la evaluación, se observó un deterioro en el marco jurídico del secreto bancario entre 2016 y 2022. Para esta revisión, El Salvador explicó que existe un mecanismo alternativo para acceder a la información bancaria fuera del ámbito de una auditoría fiscal.
Esto representó una mejora respecto a la situación considerada en el informe de 2022. Sin embargo, se advirtió que dicha interpretación no pudo ser confirmada por representantes del sector bancario.
Por consiguiente, el Foro Global recomienda a El Salvador monitorear y garantizar el acceso efectivo a la información que poseen los bancos, así como su intercambio.
Asimismo, el informe agrega que en junio de 2019 entró en vigencia en El Salvador el Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, diseñado por la OCDE para combatir la evasión y la elusión fiscal internacional, ya que permite el intercambio de información y la colaboración en el cobro de impuestos entre los países firmantes.
El documento señala que la parte salvadoreña agradeció al Foro Global y al equipo evaluador por el proceso, y aseguró que brindó apoyo constante en una evaluación “de gran importancia para El Salvador”.
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