Nueve organizaciones entre ellas Amnistía Internacional pidieron al gobierno salvadoreño liberar «inmediatamente» a las personas detenidas «solo por ejercer sus derechos» a manifestarse, investigar la muerte del empresario de transporte que se encontraba detenido y desistir de cualquier intento legislativo por sancionar a las organizaciones de derechos humanos.
Las organizaciones que firmaron el pronunciamiento son, además de Amnistía Internacional: Artículo 19, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), IM-Defensora, Latin American Working Group (LAWG), OMCT, PRODESC, Robert F. Kennedy Human Rights (RFK), y la Fundación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
En el comunicado, las organizaciones aseguran que 16 transportistas han sido detenidos detenidos por el gobierno de El Salvador «sin una base fáctica clara o sustento legal» y advierten que la muerte de uno de los transportistas detenidos ocurrió en el contexto de «denuncias sobre condiciones de detención que constituyen tortura» durante el régimen de excepción, por lo que piden investigarla.
El pronunciamiento critica el despliegue por primera vez de la Policía Militar para «reprimir» la protesta de 300 familias de la comunidad El Bosque, en el municipio de Santa Tecla, con la captura del ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor de la Iglesia Elim, José Ángel Pérez, a quienes las organizaciones internacionales pidieron liberar.
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«La instrumentalización del sistema penal para aplacar las demandas sociales son prácticas autoritarias que no deben constituir la respuesta del Estado frente al descontento de la población. Gobernar no debe ser sinónimo de reprimir», manifestaron.
Según Amnistía Internacional, la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros sería «un grave ataque contra el espacio cívico y el derecho a defender derechos» así como implicaría afectar el derecho a la libertad de asociación.
«Todas estas son áreas (espacio cívico, derecho a la libertad de asociación, derechos económicos y sociales) en los que los gobiernos deben enfocarse y en las que el presidente Bukele en particular pretende erigirse como un buen ejemplo en la región, pero, en su lugar, hace justamente todo lo contrario”.
Ana Piquer, directora para Las Américas de Amnistía Internacional.
El 12 de mayo se conoció que Roberto Jaco, uno de los 16 transportistas detenidos por presuntamente negarse a prestar servicio de transporte gratuito ordenado por el gobierno, murió mientras estaba en las bartolinas del 911 de Santa Ana, informaron dirigentes de la Mesa Nacional de Transporte.
Así mismo, el gobierno ordenó la captura de dos personas vinculadas a la manifestación cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele contra el desalojo de habitantes asociados a la cooperativa El Bosque, en Santa Tecla, contra una orden de desalojo debido a un reclamo del propietario de PROYIN, S.A. de C.V., quien supuestamente les prestó servicios. Como respuesta, el presidente Bukele prometió la aprobación de un impuesto del 30 % a las organizaciones no gubernamentales para resolver la situación de la comunidad El Bosque.
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