El director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros, habló ayer de la posibilidad de que las Alianzas Público Privadas (APP) en El Salvador puedan tener un esquema de financiamiento basado en una garantía inmobiliaria que deberá inscribirse en el CNR, algo que plantea el proyecto en su artículo 55.
“Bajo un esquema de APP, mencionar que también dentro del mismo existiera la posibilidad de establecer garantías mobiliarias, a partir de la inscripción de las que se puedan llegar a generar, para un esquema de financiamiento, nos abrimos a esa posibilidad, pero también dentro la alianza recaiga probablemente sobre un bien inmueble”, planteó a los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa.
La Comisión de Tecnología estudia el proyecto de una nueva Ley de Alianzas Público Privadas (APP) que, entre otros cambios, excluye la prohibición de hacer APP para que el Estado provea servicios públicos de salud, educación y recursos hídricos.
La propuesta prohíbe «hipotecar o someter a gravámenes de cualquier especie» los bienes y derechos que adquiera el agente privado «sin el consentimiento de la entidad contratante», es decir, únicamente se permitiría con el consentimiento del ministerio o entidad estatal.
Además, en el artículo 69, se establece la posibilidad de pactar garantías prendarias mediante una escritura pública que deberá «inscribirse en el registro respectivo».
El funcionario destacó que trámite que destacó que puede tardar desde las 6 horas hasta 1 día y que están abiertos a la posibilidad de que las APP establezcan garantías mobiliarias “para un esquema de financiamiento”.
Sin embargo, los bienes inmuebles no podrán tener gravámenes al finalizar el contrato de una APP. «Pasarán libres de cualquier gravamen a dominio del Estado», indica la propuesta que aún no es aprobada por la Asamblea Legislativa.
El funcionario aseguró que esta nueva normativa abre a la posibilidad de que estas APP generen marcas, patentes y softwares bajo un esquema de propiedad intelectual que deberán ser registrados en el CNR.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, preguntó al director del CNR si El Salvador está listo para implementar una ley de alianzas público privadas y qué figura jurídica podrían adoptar los inversionistas.
Trigueros se remitió a las cifras en alza del CNR en trámites que muestran aumentos en las transacciones inmobiliarias, registro de propiedad intelectual y un aumento de las empresas nuevas. “Tenemos una oportunidad en el marco de las alianzas público privadas”, argumentó.
La propuesta permite a los proyectos APP ser autosostenibles, ya sea con tarifas cobradas a los usuarios o recibiendo cofinanciamiento con pagos del Estado.
El proyecto aumenta el plazo de vigencia de un APP de 40 a 50 años prorrogables, crea una Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP), entidad autónoma que estaría bajo el Ministerio de Hacienda, que registraría las APP.
Las Alianzas Público Privadas podrían establecerse para proveer infraestructura o servicios públicos, excepto en seguridad nacional o pública, justicia e inteligencia del Estado, ni en concesiones para explotar hidrocarburos y minerales.
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