Un total de 45 organizaciones, tres personas naturales y un mandante extranjero han sido inscritas como agentes extranjeros en El Salvador de acuerdo con las cifras publicadas por el Ministerio de Gobernación.
El conteo corresponde al periodo desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026, en el cual según Gobernación el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) inscribió 21 personas jurídicas en octubre de 2025, 5 en noviembre, 3 en diciembre, 1 en enero, 5 en febrero y 10 en marzo de 2026.
Las tres personas naturales se inscribieron una cada mes durante el último trimestre de 2025; y el mandante extranjero se inscribió en febrero de 2026.
Mientras tanto, 75 entidades consideradas extranjeras han solicitado la exclusión del pago que establece la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador, del 30 % sobre las donaciones o transferencias desde el extranjero para actividades en territorio salvadoreño.
La ley permite la exclusión, a solicitud de los afectados hacia el RAEX, cuando las actividades de las organizaciones o personas son humanitarias, brinden tratamientos médicos o rehabilitación o contribuyan al Estado con proyectos de desarrollo, salud, seguridad, educación o sean de interés público. Las exenciones duran un año y solo pueden renovarse a solicitud de las entidades extranjeras.
La Ley de Agentes Extranjeros fue aprobada el 20 de mayo de 2025 y está vigente desde junio de 2025. Esta aplica a personas que «respondan a intereses o sean financiadas» por extranjeros e incluye a los «mandantes extranjeros», que son los financistas que tienen su sede en el extranjero.
La normativa da facultades al RAEX de fiscalizar a los agentes extranjeros, requerirles los informes necesarios y remitirles a la Fiscalía un informe semestral de las actividades registradas; así como de cancelar personerías y aplicar multas.
También el RAEX puede decidir quiénes estarán excluidos de la ley según la naturaleza de los proyectos.
Mientras el Gobierno defiende la ley como una forma de transparencia de los fondos internacionales, organizaciones no gubermanentales consideran que ha provocado cierres de organización y suspensión de proyectos y en general una reducción del espacio cívico.
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