El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el martes un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en diez provincias y tres municipios del país, una medida que entra en vigor apenas 16 días después de que expirara la anterior declaratoria.
El decreto tendrá una vigencia de 60 días y abarca las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. También incluye los municipios de La Maná, en Cotopaxi; Las Naves, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.
Según el documento oficial, la medida busca fortalecer las acciones de las fuerzas de seguridad para proteger a la población, mantener el orden público y combatir las actividades de grupos criminales que operan en esas zonas del territorio ecuatoriano.
El estado de excepción también suspende la inviolabilidad del domicilio, lo que permite a policías y militares ingresar a viviendas privadas cuando existan sospechas de actividades ilícitas relacionadas con estructuras delincuenciales.
La decisión fue adoptada un mes después de que Noboa anunciara desde Estados Unidos que no renovaría el estado de excepción que permaneció vigente desde abril y que concluyó el pasado 1 de junio. En aquella ocasión, el mandatario señaló que cualquier nueva emergencia requeriría una declaratoria distinta.
Desde enero de 2024, cuando el Gobierno declaró la existencia de un conflicto armado interno para enfrentar a las organizaciones criminales, Ecuador ha mantenido distintos estados de excepción con alcances variables según la situación de seguridad en cada región.
Además de estas medidas extraordinarias, el Ejecutivo implementó durante marzo y mayo toques de queda nocturnos en algunas provincias con el objetivo de reducir la actividad de las bandas criminales y reforzar los operativos de seguridad.
Pese a las restricciones y a la catalogación de las organizaciones delictivas como grupos terroristas, Ecuador cerró 2025 con una cifra récord cercana a los 9,300 homicidios, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior. Ese registro ubicó al país como el de mayor índice de homicidios en América Latina durante el último año.
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