La inflación energética mensual de América Latina y el Caribe se incrementó drásticamente en marzo al pasar de 0.19 % en febrero a 1.42 %, el valor más alto registrado en los últimos doce meses, un alza atribuida al impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
Así lo informó este lunes la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde), que añadió que, a pesar de contar con una matriz de generación eléctrica altamente renovable, la región mantiene una dependencia al crudo, cuyo precio llegó hasta los $116 por barril.
«Esta vulnerabilidad se tradujo en un encarecimiento promedio regional del 21 % en el diésel y del 15 % en la gasolina, con bandas de precios internos de entre $0.7 y $2.07 por litro de gasolina y entre $0.8 y $1.65 de diésel», detalló la Olacde en un comunicado.
El impacto de este «shock energético», como lo denominó la organización, actuó como mecanismo de transmisión hacia la economía, «encareciendo los costos logísticos, el transporte y el precio de los alimentos».
Como consecuencia, la inflación total mensual (de toda la economía) de la región se duplicó, acelerándose desde el 0.38 % en febrero hasta el 0.75 % en marzo, marcando también su techo más alto en el último año.
La Olacde señaló que su reporte visibiliza un impacto asimétrico, donde los países netamente importadores han enfrentado una severa presión fiscal, mientras que las naciones exportadoras perciben ingresos extraordinarios de corto plazo, aunque quedan igualmente expuestas a la volatilidad de los mercados.
Aunque señala que el traslado de ‘shock energético’ a la inflación total no fue total, ya que algunos países recurrieron a subsidios, rebajas impositivas, fondos de estabilización o esquemas de contención parcial.
Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de crudo desde el golfo Pérsico.
El documento establece un plazo de 60 días para que ambos países negocien un acuerdo de paz definitivo que incluya el programa nuclear iraní.
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