Allá por 2015 un Tribunal de Sentencia de San Salvador encontró culpable del delito de extorsión agravada al pandillero Marco Tulio Renderos Cárcamo y le impuso 20 años de prisión. El tipo al escuchar la sentencia solo sonrió irónicamente, volvió su mirada hacia su madre y le dijo “perdóneme madre, pero soy inocente”.
Al pandillero se le llevaron esposado y su madre, con su cabeza cubierta por una mantilla blanca, no paraba de llorar, cuando los agentes de seguridad le pidieron que abandonara la sala de audiencias se negaba, por lo que tuve que pedirle que saliera y acompañarla a la salida. Ella me dijo que era injusto que condenaran a su hijo, porque él era inocente, “Imagínese que él me daba $15 diarios, es cierto que le pedía a los comerciantes (que ingresaban a la Comunidad 22 de Abril de Soyapango), pero lo hacía porque otros lo obligaban. Dígame quien me dará los $15, los muchachos (otros pandilleros) me advirtieron que si lo condenaban ya no me iban a ayudar”.
Ese mismo año otro Tribunal de Sentencia de San Salvador condenó a 26 años de cárcel a un “disque” pastor evangélico acusado de violar y embarazar a una adolescente de 13 años. El pastor Omar Ernesto A. abusó de la menor de edad durante más de un año, en una casa que funcionaba como iglesia evangélica en la zona rural de Ciudad Delgado. Al final de la audiencia el juez le concedió la palabra al imputado, que ante la contundencia de las pruebas pidió perdón y culpó al “diablo” porque lo había tentado a cometer el delito continuado. Al conocer el fallo, la esposa del condenado sostuvo que su marido era inocente y que todo era obra del mal.
En 2019 Carlos A. Moreno, en el oriente del país, fue condenado a 30 años de cárcel porque en estado de ebriedad mató a golpes a su hijo de un año de edad, porque en la madrugada el niño no paraba de llorar. En su última palabra ante el juez, el imputado culpó a su alcoholismo y a su mujer, porque “ella sabía que cuando él andaba borracho no le gustaba la buya” y esa vez adrede hizo que el niño llorara.
Siempre en 2019, en la zona occidental, José Ernesto M., un adulto mayor de 73 años fue condenado a 20 años de prisión por haber violado en reiteradas ocasiones a su nieta de 9 años. En su defensa aceptó los cargos, pero culpó a la pequeña víctima porque cuando “estaban solos le coqueteaba”.
En la mayoría de los juicios, cuando el imputado se ve acorralado por la fortaleza y contundencia de las pruebas, aceptan los cargos, piden perdón (casi siempre de manera hipócrita) y buscan justificar, culpando a otros o a las circunstancias, sus delitos.
Recuerdo el caso de Eduardo Henríquez, alias “Gigio” quien era un secuestrador que en 2001 participó en el secuestro y asesinado del niño Gerardo Villeda Katan, de solo nueve años. Fue él quien mató a balazos al pequeño y ante los medios de comunicación justificó que lo hizo porque se vio acosado por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo tenían rodeado tras una intensa búsqueda. “Gigio” fue asesinado en junio de 2001 en el centro penal de San Francisco Gotera, un día después de haber sido trasladado. Supuestamente lo mataron otros secuestradores en venganza porque se había quedado con el dinero de rescates pagados por familiares de otras víctimas.
El delincuente siempre busca y encuentra una justificación para su accionar, pero rara vez sus argumentos son razonables. Salvo cuando se actúa en legítima defensa o con problemas mentales, no hay justificación para argumentar la comisión de un ilícito, ni siquiera la pobreza es motivo para validar un delito, mucho menos el estado de ebriedad o la conducta bajo efectos de una droga.
Obviamente cuando un imputado se enfrenta a un juicio o vista pública, constitucionalmente es inocente hasta que es vencido con pruebas irrefutables y contundentes que no dan pie a dudas ni a equívocos, porque dan la certeza de la culpabilidad. Justificar o culpar a otros no vale, pues todos los seres humanos normales tenemos libre albedrío y conciencia para identificar y separar lo bueno de lo malo y viceversa.
Nada justifica el cometimiento de un delito, salvo los casos apuntados (defensa propia y producto de una conducta derivada de una enfermedad o deficiencia mental). Todo criminal debe pagar por sus fechorías, aunque eso le duela o ingratamente afecte a sus seres queridos. Nadie está o debe estar al margen de la ley o de las normativas y reglas específicas que nos rigen. Los delitos hay que pagarlos tarde o temprano, toda vez que en un debido proceso se compruebe la culpabilidad del imputado con pruebas contundentes e irrefutables.
* Jaime Ulises Marinero es periodista
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