Luego de que se venciera el plazo del 9 de mayo para aprobar la Ley de Responsabilidad Fiscal, establecido en el acuerdo de financiamiento entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista Carlos Acevedo, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) sugirió retomar la normativa anterior con algunos ajustes para aprobarla.
«Deberían restablecer y ajustar la Ley de Responsabilidad Fiscal anterior, que es bastante buena», sugirió.
Acevedo cree que no es necesario modificar la parte conceptual de la normativa, sino únicamente ajustar los parámetros de deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB) y los cronogramas de disminución de esa relación.
El economista sugirió aprobar la normativa «cuanto antes», debido a que dentro de las políticas del Acuerdo de Servicio Ampliado entre el gobierno salvadoreño y el FMI se estableció aprobación «por el Parlamento de una nueva Ley de Sostenibilidad y Responsabilidad Fiscal» para el 9 de mayo de 2025.
El acuerdo prevé «reglas más robustas para mejorar la rendición de cuentas presupuestarias» por parte de El Salvador.
La «Ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo social» fue aprobada el 10 de noviembre de 2016 e inició su vigencia el 1 de enero de 2017; fue aprobada como parte de un acuerdo entre el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que solicitaba la aprobación de $550 millones de deuda, y la oposición, Arena.
La normativa tenía como fin establecer reglas fiscales para limitar el déficit y el endeudamiento público, diseñar un presupuesto acorde a estas medidas fiscales, garantizar asignación a áreas sociales y tener una mayor transparencia.
Establecía un ajuste fiscal del 3 % del PIB, un límite de la deuda no mayor al 45 % del PIB después de un fase de consolidación fiscal de siete años y gastos corrientes no mayores al 18.5 % del PIB después del periodo de consolidación fiscal.
La Ley de Responsabilidad Fiscal fue suspendida temporalmente durante la pandemia por covid-19 mediante un decreto del 26 de marzo de 2020 que exigió a Hacienda presentar un plan de regulación actualizado en 90 días. En 2021, Hacienda previó que se aplicaría en 2022.
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