La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señaló un poslble conflicto de interés de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) al asumir las funciones reguladoras del sector eléctrico de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).
“Estas reformas lo que hacen es trasladar las competencias de la Siget en relación a la electricidad en relación a la Dirección de Hidrocarburos y Minas, siendo que sería entonces esta Dirección el ente regulador del sector y además ente rector de la política energética”, indicó la diputada, en la comisión, que dictaminó este viernes las reformas a las leyes de ambas instituciones.
La legisladora consideró que la Asamblea Legislativa debería dar seguimiento ante un posible conflicto de intereses. “Pero también quisiera hacer notar que el señor director de Hidrocarburos y Minas es también el presidente de la CEL (Comisión Ejecutiva Hidroléctrica del Río Lempa), que es una generadora de energía… La misma persona va a dirigir una institución que va a ser la que va a regular el sector y una institución que va a ser regulada, podría existir algún tipo de conflicto de intereses”, afirmó.
Ortiz también lamentó que no haya habido un espacio más amplio para invitar al superintendente de la Siget y consideró que el informe del director de Energía fue “tan escueta”.
El director general la DGEHM, Daniel Álvarez, aseguró que el objetivo de las reformas es “consolidar un marco institucional integrado y que sea ágil” y eficiente.
El traslado de funciones y activos de la Siget a la Dirección se realizará en un periodo máximo de seis meses; en el proceso, la Dirección decidirá sobre el traslado o no del personal o la terminación de sus contratos.
El director consideró que no están centralizando funciones sino ordenando las competencias y argumentó que la planificación no solo se requiere a un año, sino a corto, mediano y largo plazo, en un momento en donde habrá inversionistas nuevos y las nuevas tecnologías.
La Siget, que pasará a llamarse Superintendencia General de Telecomunicaciones, dejaría de tener competencias relacionadas al sector energético, ya no sería la institución competente para dictar normas y estándares técnicos al sector de electricidad y para dirimir conflictos entre operadores de electricidad.
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