La defensa de José «Pepe» Santos Melara y de otros veteranos del FMLN aglutinados en la Alianza El Salvador en Paz, presentó este jueves ante el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado, jueza 3, la contestación al dictamen de acusación formulado por la Fiscalía General de la República (FGR).
La defensa técnica entregó pruebas de descargo y solicitó al tribunal decretar un sobreseimiento definitivo para los procesados, bajo el argumento de que los elementos presentados por el Ministerio Público carecen de fundamento fáctico, legal y científico.
Según García, la FGR sustenta la imputación en el hecho de que los detenidos pertenecen o han sido directivos de organizaciones legalmente constituidas y con fondos del Estado, como la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra (ANVEGEFMLN) del FMLN y el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE).
«No hay ninguna prueba documental científica que pueda incriminar a ninguno de ellos con el delito que se le está imputando», señaló el abogado defensor, Guillermo García.
Añadió que las pruebas de la Fiscalía consisten únicamente en actas policiales de captura y allanamiento, sin individualizar la participación de cada procesado. Además, la defensa indicó que el Ministerio Público retiró la oferta de un testigo anónimo tras prevenciones hechas por el tribunal.
Condiciones de salud de los procesados
La defensa hizo énfasis en las condiciones de los diez procesados recluidos en el centro penal de Occidente, ubicado en Santa Ana. García expuso que los detenidos son adultos mayores que padecen enfermedades crónicas, incurables y degenerativas, y denunció que no se les está brindando la atención médica adecuada en prisión.
En el caso particular de José Santos Melara, quien según sus familiares padece diabetes e hipertensión crónica, su hija es la encargada de llevarle el medicamento de insulina. Anteriormente, en diciembre de 2025, el tribunal le negó a Melara las medidas sustitutivas a la detención tras argumentar que su salud presentaba mejoría dentro del penal, pese a que la defensa señaló complicaciones como la pérdida de movilidad en las manos.
Próximas diligencias
Con la presentación de la contestación, la jueza dispone ahora de un plazo legal de entre 10 y 60 días para programar la fecha de la audiencia única abierta en la que se definirá la situación jurídica de los veteranos.
A la vez, la defensa confirmó que se ha programado una audiencia para el próximo jueves 16 de julio a partir de las 8:30 a.m., con el fin de que Santos Melara y el comunicador Luis Menjívar rindan una declaración indagatoria.
Sobre Menjívar, el abogado reiteró que su única vinculación al caso fue realizar su labor de recopilar información como comunicador social en Chalatenango.
El grupo de 11 acusados fue capturado el 30 de mayo de 2024 bajo señalamientos de planificar supuestos atentados terroristas para el 1 de junio de ese año, fecha de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Todos son procesados por los delitos de organizaciones terroristas y actos de terrorismo.
A la fecha, únicamente el exdirigente Atilio Montalvo se encuentra bajo medidas sustitutivas a la detención provisional debido a su estado crítico de salud
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