El congresista demócrata Thomas Suozzi, representante demócrata por Nueva York, pidió al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, extender la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, que beneficia a unos 200,000 salvadoreños y cuya vigencia se vencerá el próximo 9 de septiembre de 2026.
En cartas enviadas el 22 de junio y el 3 de julio de 2026, el legislador argumentó que poner fin al programa afectaría a miles de familias salvadoreñas establecidas en Estados Unidos y que las opciones migratorias planteadas por el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no representan una solución para la mayoría de los beneficiarios.
Suozzi propuso en su segunda carta que el gobierno otorgue un permiso de permanencia temporal (parole, o libertad condicional migratoria) y establezca un período de transición de dos años para quienes pierdan la protección del TPS.
El congresista, también exalcalde de Glen Cove, señaló que cerca del 90 % de los salvadoreños amparados por el TPS trabajan en Estados Unidos y contribuyen al sostenimiento de «miles de niños ciudadanos estadounidenses», por lo que advirtió que una terminación del programa tendría graves consecuencias para esas familias. «Dejar que la designación de TPS se agote y arriesgarse a arrancarlos de sus familias es inhumano y antiamericano», advirtió Suozzi.
La nueva petición surgió luego de que Mullin respondiera, en una carta fechada el 2 de julio, que los beneficiarios del TPS pueden optar por otras vías migratorias para permanecer legalmente en Estados Unidos, como peticiones familiares, visas basadas en el empleo o solicitudes de asilo. El secretario sostuvo que el TPS fue concebido como una protección humanitaria de carácter temporal y no como una sustitución del asilo o una vía a la residencia permanente.
«Debido a que el TPS es una protección humanitaria temporal sujeta a revisión periódica y posible terminación, para quienes califican, buscar una opción de inmigración legal subyacente es a menudo la forma más duradera de permanecer en los Estados Unidos», fueron las palabras del secretario Mullin. El titular del DHS detalló que la decisión sobre la continuidad del TPS para El Salvador será anunciada mediante un aviso publicado en el Registro Federal.
«Las vías que usted describe no estarán disponibles para la mayoría de los titulares de TPS, incluso si son elegibles. Las vías que usted describe son limitadas y la mayoría de los titulares de TPS no son elegibles», le respondió el congresista, un día después.
El legislador contestó que, si los tepesianos «se ven obligados a abandonar el país», la mayoría tendrá «prohibido regresar o buscar el estado permanente durante 10 años» y que, si hubiera una camino para la residencia permanente, lo tomarían o lo hubieran tomado. Agregó que los pocos «elegibles para vías hacia el estatus legal», tendrían que «asegurar con éxito su nuevo estado antes de la expiración del TPS en casi dos meses». «Dados los tiempos de procesamiento típicos, esto es altamente improbable», advirtió.
Para el congresista demócrata, la vía de visa de inmigrante basada en la familia no es posible, ya que el salvadoreño bajo TPS debiera haber sido admitido legalmente en Estados Unidos y la mayoría ingresó sin documentación y no fueron admitidos legalmente cuando llegaron a Estados Unidos. «Como usted sabe, los no ciudadanos que no han sido admitidos o liberados no son elegibles para asegurar el estatus permanente en los Estados Unidos, incluso si hay una visa de inmigrante basada en la familia o el empleo disponible», le señaló.
El congresista mencionó como obstáculos la imposibilidad del patrocinio de familiares elegibles por parte de los menores estadounidenses, la no elegibilidad para visas de inmigrantes para empleo cuando el TPS expire y la poca probabilidad que obtengan la aprobación de un asilo, por lo que insistió en solicitar un periodo de transición ordenado de dos años para prepararse para la pérdida de protecciones. Según Suozzi, las consecuencias de la terminación del TPS serían separación de familias, de hijos ciudadanos estadounidenses, detenciones y deportaciones.
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