Ochenta congresistas liderados por el demócrata James McGovern solicitaron el jueves al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la extensión de la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, cuyo vencimiento el 9 de septiembre de 2026 golpearía a unos 200,000 salvadoreños y más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses.
La carta está respaldada por al menos 10 organizaciones: National TPS Alliance, American Business Immigration Coalition, Allianza Americas, National Day Laborer Organizing Network, International Union of Painters and Allied Trades, Service Employees International Union (SEIU), CASA, CARCEN-LA, FWD.us y la National Domestic Workers Alliance.
Los legisladores argumentan que las condiciones que justificaron la aprobación del TPS para El Salvador en 2001 se mantienen y han aumentado.
Así, sostienen que hay “nuevas crisis humanitarias, económicas y de derechos humanos”. Mencionan denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios masivos, detención de más de 3,000 niños y más de 500 muertes bajo custodia desde 2022, además de encarcelamiento de personas deportadas.
Según los congresistas, los salvadoreños bajo TPS generan $5,400 millones anuales a la actividad económica y pagan $ 1,500 millones en impuestos y trabajan en sectores de construcción, transporte, alimentos, mantenimiento de edificios y terrenos, en los que hay “escasez crónica de mano de obra”.
Además, explican que los salvadoreños “han construido profundas raíces en este país durante más de 25 años” y que terminar con su estatus “les causaría un daño inconmensurable, a sus hijos y familias ciudadanos estadounidenses, y a las comunidades y la economía estadounidenses que apoyan”.
Este TPS fue otorgado por Estados Unidos en 2001, luego de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero, y permitió que miles de salvadoreños pudieran permanecer en Estados Unidos y trabajar legalmente mientras el país enfrentaba a la reconstrucción. El programa fue renovado continuamente por gobiernos diferentes.
En enero de 2018, la administración del presidente Donald Trump anunció el fin del TPS, argumentando que la situación generada por los terremotos de 2001 ya había sido superada y dio un plazo de 18 meses para que los salvadoreños salieran o buscaran otro programa migratorio. Este plazo vencía en septiembre de 2019 pero fue renovado y los salvadoreños conservaron su autorización de trabajo aunque el programa mantuvo un carácter temporal.
En enero de 2025, antes del inicio del segundo gobierno de Trump, el DHS extendió por 18 meses el TPS, hasta el 9 de deptiembre de 2026.
La administración Trump ha cancelado el TPS para Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal, Afganistán y Camerún, pero no para El Salvador. Algunos jueces han declarado ilegales las cancelaciones del programa.
En junio de 2025, el presidente Donald Trump dijo que echarían «un vistazo» al tema ante la pregunta sobre por qué aún no cancelan el TPS a El Salvador si lo consideran uno de los países más seguros del hemisferio occidental y si fue parte del trato para recluir extranjeros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El 2 de julio, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos respondió a un congresista demócrata que la decisión será anunciada a través de un aviso en el Registro Federal y enumeró al menos cinco caminos que actualmente tienen los salvadoreños bajo TPS para buscar su permanencia en los Estados Unidos ante el fin del TPS. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, manifestó que el programa comienza con la palabra «temporal» pero que la decisión es del DHS.
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