El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel emitió condenas de hasta 40 años de prisión para 81 personas que fueron acusadas de ser pandilleros de la Mara Salvatrucha.
De acuerdo con lo publicado por la Fiscalía, el delito por el cual fueron condenados fue agrupaciones ilícitas; sin embargo, señala que la estructura cometía crímenes, uno fue la privación de libertad y el asesinato de un hombre en marzo de 2014.
Las imágenes publicadas por la Fiscalía muestran a los condenados mientras asistían remotamente a la audiencia desde reclusorios como el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), el centro penal de Izalco, la Granja de Zacatecoluca, entre otros.
De acuerdo con la acusación fiscal, esta estructura cometía crímenes en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y otras zonas del departamento de San Miguel.
La Fiscalía sostiene que uno de los crímenes que fueron ordenados por los cabecillas fue cometido contra un hombre a quien privaron de libertad y luego le quitaron la vida en un terreno ubicado a la orilla del río Grande, en la colonia Santa Inés, en San Miguel en marzo de 2014.
Según la información, publicada en X, las 81 personas condenadas fueron capturadas «gracias a las herramientas otorgadas por el régimen de excepción». La Fiscalía no detalló las condenas individuales o los nombres de los imputados.
La Fiscalía también informó que 19 pandilleros de la MS-13, que operaban en Morazán y San Miguel, recibieron penas de 30 y 45 años de prisión, que eran parte de una clica que operaba «principalmente en el caserío Los Quebrachos, Jocoaitique, Morazán, así como en distritos de Meanguera, San Miguel y Chirilagua».
Uno de los crímenes fue cometido contra un joven que fue privado de libertad y asesinado en diciembre de 2015.
Según la Fiscalía, un corredor de clica y 6 homeboys fueron condenados a 45 años de cárcel a cada uno; y a los demás integrantes se les impuso 30 años de prisión a cada uno.
El Gobierno sostiene que ha capturado más de 92,000 personas señaladas de pertenecer a las pandillas desde el inicio del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022.
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