La Asamblea Legislativa derogó este martes el artículo 30 de la «Ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos», que establecía criterios de priorización para asignar tejidos u órganos a trasplantar a los pacientes, entre ellos la «urgencia clínica» y el respeto al «principio del interés superior de los menores y adolescentes».
El artículo 30 derogado establecía siete criterios para priorizar la asignación de órganos, pero algunos de estos se retomaron en la reforma al artículo 29 de la normativa, que establece que los trasplantes serán avalados por el Comité Hospitalario de Donación y Trasplante de cada establecimiento de salud bajo los criterios de «aspectos territoriales, clínicos y de histocompatibilidad».
En la ley aprobada en 2022 se detallaba como criterios aspectos territoriales y clínicos, la gravedad del paciente, la urgencia clínica como «prioridad absoluta en todo el territorio nacional» y la decisión de la Junta de Delegados del CST (Consejo Salvadoreño de Trasplantes) sobre «qué paciente es el más indicado para recibir el órgano, basándose en los criterios clínicos de compatibilidad del grupo sanguíneo, características antropométricas, la gravedad del paciente, compatibilidad» y otras condiciones incluidas en el reglamento.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, intentó que se modificara el artículo 9 para revivir el criterio de prioridad en niños y adolescentes, por lo que propuso agregar en el artículo 9 de la reforma: «Los criterios se establecerán teniendo en cuenta aspectos territoriales, clínicos, de histocompatibilidad y respetando el interés superior de niños, niñas y adolescentes«.
Argumentó que si el criterio se mantiene la ley sería «más garantista para esta población especialmente que son niños y niñas adolescentes, más vulnerables». No tuvo votos.
El Ministerio de Salud emitió, el 15 de noviembre de 2024, su «Política nacional de donación y trasplante de células, tejidos y órganos humanos», publicada en el Diario Oficial del 18 de diciembre de 2024, según la cual uno de los principios será la «equidad», por lo que no atenderá a «consideraciones económicas o de otra índole».
«Las reglas de asignación definidas deberán ser equitativas, justificadas externamente y transparentes, valorando a la persona humana, sin importar diferencias económicas, culturales, sociales o de género», indica.
Según el Ministerio de Salud, el país tiene 52,102 personas con enfermedad renal crónica en diferentes fases, un 84.7 % en las fases 3, 4 y 5; y se tienen 3,382 pacientes en terapia en sustitución renal, 1,609 pacientes en diálisis peritoneal y 1,773 en hemodiálisis.
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