Más de 500,000 habitantes de Puerto Rico comenzaron a enfrentar desde este viernes un plan de racionamiento de agua, luego de que el nivel del embalse Carraízo descendiera por debajo de los 38 metros, obligando al Gobierno y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a activar medidas de emergencia para preservar las reservas.
El embalse, ubicado en Trujillo Alto y principal fuente de abastecimiento para siete municipios del área metropolitana, entró en la denominada fase de «ajustes operacionales», en medio de la primera gran sequía que enfrenta la isla desde 2015. Las restricciones afectan a San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos, donde existen alrededor de 183,000 hogares y comercios abonados al servicio.
Las condiciones de sequía ya alcanzan cerca del 80 % del territorio puertorriqueño. La franja sur, centro y oeste registra sequía extrema, luego de que julio se convirtiera en el mes más seco desde que comenzaron los registros meteorológicos en 1899, con apenas 0.54 pulgadas de lluvia, equivalente al 9 % del promedio histórico.
«Presiento que esto va para largo», expresó a EFE la residente Elena Cabrera, quien acudió a un supermercado para abastecerse de agua embotellada para ella y dos vecinas de la tercera edad. La mujer aseguró que se preparó con anticipación al almacenar agua y cuestionó las decisiones adoptadas durante años por distintos gobiernos y por la AAA respecto al sistema de distribución.
Para enfrentar la emergencia, la AAA habilitó 35 centros de distribución de agua y dividió a la población afectada en dos zonas que recibirán el servicio de manera alternada cada 48 horas. Sin embargo, la reanudación del suministro sufrió retrasos debido a una avería registrada la semana anterior, ya que primero deben llenarse los tanques de almacenamiento antes de restablecer el servicio por completo.
Los efectos de la sequía también son visibles en el propio embalse Carraízo, donde se observan peces muertos en las orillas y amplias extensiones de terreno normalmente cubiertas por el agua. Habitantes de la zona aseguraron que la disminución del nivel del embalse también ha reducido la presencia de peces en el lugar.
Las autoridades advirtieron que, si las condiciones climáticas no mejoran, el racionamiento podría ampliarse a otros municipios. Además de Carraízo, el embalse de Cidra ya opera bajo medidas de ajuste, mientras que otras cinco represas permanecen bajo vigilancia por la reducción de sus reservas.
El plan de emergencia contempla una segunda fase que endurecería las restricciones. En ese escenario, los usuarios recibirían agua únicamente un día y permanecerían tres días consecutivos sin servicio. La crisis también afecta a escuelas y comercios, por lo que las autoridades no descartan implementar jornadas escolares reducidas o incluso clases virtuales si la situación empeora.
En respuesta a la emergencia, el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, pidió a la gobernadora Jenniffer González solicitar al presidente de Estados Unidos una declaración federal de emergencia para acceder a mayores recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y facilitar la distribución de agua, el reembolso de gastos extraordinarios y el acceso a préstamos para comercios afectados.
Asimismo, solicitó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos declare la emergencia por sequía para ampliar la asistencia federal.
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