El Salvador registró un total de 7,271 denuncias por violencia sexual y 80 casos de violencia feminicida durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.
Los datos figuran en el último Informe de Labores que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Asamblea Legislativa, el cual detalla que un total de 443 personas acusadas de cometer delitos sexuales fueron absueltas por el sistema judicial salvadoreño, lo que equivale al 14.87 % del total de procesados con sentencia definitiva por esta tipología de delito.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de la FGR, los hechos reportados durante el año de gestión se desglosan en 5,518 casos de violencia psicológica, 2,092 de violencia física, 957 de violencia patrimonial y las 7,271 denuncias correspondientes a violencia sexual. Estas categorías son procesadas bajo los criterios técnicos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En las etapas de judicialización, el reporte institucional expone la efectividad y los resultados fiscales en las distintas etapas procesales. En el área específica de violencia sexual, un total de 2,634 imputados enfrentaron la fase final de vista pública (juicio ordinario).
De ese universo, 2,109 procesados resultaron condenados y 441 obtuvieron un fallo absolutorio en la última audiencia judicial, registrándose además 29 sobreseimientos y 51 salidas alternas en dicha etapa.
Al consolidar la totalidad de sentencias definitivas para esta agresión a lo largo del año, el ministerio público contabilizó un acumulado de 2,537 personas condenadas (85.13 %) frente a 443 absueltos (14.87 %).
Por su parte, la violencia feminicida, definida legalmente como la expresión extrema de agresión que vulnera los derechos de las mujeres y que puede culminar en feminicidio, cerró el período con resoluciones definitivas para 140 personas implicadas. El saldo judicial de estos expedientes dejó a 127 imputados condenados (90.71 %) y 13 exonerados de cargos (9.29 %).
El informe del ministerio público expone además la imposición de sentencias de alta severidad contra responsables de crímenes de odio ocurridos en el país. Uno de los casos más relevantes detallados por la institución es la condena de 70 años de prisión impuesta a Óscar Armando Aguirre Flores por el asesinato de su compañera de vida, quien se encontraba embarazada.
El crimen aconteció el 24 de julio de 2024 en Chalchuapa, departamento de Santa Ana, lugar donde el imputado abandonó el cuerpo de la víctima debajo de un puente. El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana, imponiendo una pena acumulada de 50 años de prisión por feminicidio agravado, 10 años por aborto sin consentimiento y 10 años por fraude procesal.
Asimismo, las autoridades fiscales reportaron una condena de 50 años de cárcel contra Manuel Ávalos, procesado por el feminicidio de su exjefa en Toluca, San Vicente, perpetrado en agosto de 2024. Las indagaciones demostraron que el agresor, encargado de cuidar el ganado de la víctima, la atacó con un arma blanca en la vía pública luego de que ella rechazara repetidamente sus insinuaciones de carácter sexual.
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