La Administración del presidente Donald Trump estableció un nuevo procedimiento para investigar y sancionar a las agencias matrimoniales internacionales que conectan a ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos con extranjeros, con el objetivo de combatir fraudes y prevenir la explotación de inmigrantes.
El Departamento de Justicia (DOJ) publicó este martes en el Registro Federal una normativa que endurece la aplicación de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional de 2005 (IMBRA), creada para proteger a extranjeros que mantienen relaciones de noviazgo o matrimonio con ciudadanos estadounidenses frente a posibles abusos y violencia doméstica.
La nueva regulación está dirigida a empresas que operan como intermediarios matrimoniales internacionales y cobran por servicios de citas, búsqueda de pareja o intermediación. Las autoridades podrán actuar contra aquellas que no proporcionen a los extranjeros la información exigida por la legislación o divulguen indebidamente datos que están protegidos.
“(La norma) es necesaria para disuadir los matrimonios fraudulentos y la explotación de inmigrantes captados por los IMB”, explicó el Departamento de Justicia al justificar las nuevas disposiciones.
La legislación estadounidense obliga a estas agencias a proporcionar a los extranjeros información sobre sus posibles parejas, incluidos antecedentes penales, registros como delincuentes sexuales y matrimonios anteriores. Los datos deben entregarse en el idioma natal del extranjero y las empresas también tienen que explicar los derechos legales y recursos disponibles antes de obtener su consentimiento por escrito.
La IMBRA prohíbe además que los intermediarios matrimoniales internacionales proporcionen información de contacto, fotografías o determinados antecedentes de cualquier persona menor de 18 años, como parte de las medidas de protección establecidas por la legislación.
El principal cambio introducido por el Departamento de Justicia consiste en establecer un procedimiento formal para investigar, resolver y sancionar presuntas violaciones de la normativa, fortaleciendo los mecanismos que el Gobierno estadounidense puede utilizar contra las empresas que incumplan sus obligaciones.
Las agencias que cometan infracciones podrán enfrentar multas de entre $5,000 y $25,000. El Gobierno estadounidense sostiene que el fortalecimiento de los controles permitirá combatir los matrimonios fraudulentos y proteger a extranjeros que utilizan estos servicios frente a posibles situaciones de explotación.
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