Parte de los $97 millones que el Gobierno busca incorporar al presupuesto 2026 de un saldo de títulos valores colocados se destinará al cumplimiento de “las condiciones mínimas de detenciones” de acuerdo a una iniciativa del Ministerio de Hacienda.
Será $30 millones que serán absorbidos por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia que se destinarían a “garantizar una gestión eficiente en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dándole cumplimiento a las condiciones mínimas de detenciones”.
Los fondos provienen de dos colocaciones de títulos valores aprobadas desde el año 2025.
El 11 de noviembre de 2025, la Asamblea Legislativa autorizó la gestión de una deuda de $344 millones en títulos valores; de esta colocación se incorporaron, el 2 de diciembre de 2025, un total de $267 millones en el presupuesto 2025, es decir, quedó un saldo disponible $77 millones.
En segundo lugar, el 15 de abril de 2026, la Asamblea Legislativa autorizó a Hacienda a colocar hasta $100 millones de títulos valores; de los cuales, el 21 de abril de 2026, se incorporaron $80 millones en el presupuesto 2026 del Ministerio de Economía, por lo que quedó un saldo de $20 millones.
Los montos mayores serán absorbidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que recibirá $37 millones para los “agromercados, logística y operatividad institucional”, $31.2 millones para el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, de los cuales $30 millones se destinarían a la rehabilitación penitenciaria.
El tercer gran monto será para el Ministerio de Gobernación, que ocupará $9 millones para “fortalecimiento institucional” y $10 millones para “servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y entrega de becas del programa Florecimiento Salvadoreño”.
El resto de fondos serán utilizados para litigios y funcionamiento en el caso de la Fiscalía General de la República, para promover el país, para eventos internacionales, para operatividad del último trimestre del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), para el funcionamiento de la nueva Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) y para funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
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