Son estas dos hermanas que se pasean de la mano por las veredas y los caminos, las calles y las avenidas, los parques y las plazas de un país para hacer del mismo un lugar acogedor adonde sus habitantes –sin distinción– conocen el sentido de la dignidad humana mediante su vivencia y convivencia cotidianas basadas en el respeto de sus derechos fundamentales.
Teóricamente, suena bonito; pero la realidad de nuestro país, a lo largo de su historia y en la actualidad, apunta a lo contrario. No me remontaré a las décadas previas a la de 1990 y mucho menos a diciembre de 1931, cuando se instauró una dictadura militar que inició personificada por Maximiliano Hernández Martínez; tras su caída, se volvió sistémica y duró hasta el fin de la guerra interna iniciada en enero de 1981. No. Partiré de 1992, hace casi 35 años, cuando a El Salvador lo comenzaron a pasear por el mundo como el “modelo” para la solución negociada de un conflicto armado.
Debo recordarles a las generaciones que lo vivieron y compartir con las que no, que con los llamados “acuerdos de paz” se creó una entidad especialmente importante que investigó “graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuyo impacto sobre la sociedad” demandaba urgentemente su conocimiento. Esta fue la Comisión de la Verdad, que emitió un informe final que serviría para contribuir a superar la impunidad pues las partes enfrentadas en la guerra, tanto la gubernamental como la guerrillera, cuando firmaron el último de dichos pactos en el mexicano Castillo de Chapultepec reconocieron “que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores”, serían “objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia” para aplicarles “las sanciones contempladas por la ley”.
Conocida la verdad de las atrocidades perpetradas por los victimarios, había que impartir justicia para algunas de las víctimas que las sufrieron y abrirle las puertas a las restantes para que tuvieran la posibilidad de obtenerla. Era la gran oportunidad para cambiar radicalmente nuestra perversa historia nacional. Pero no; al contrario: los primeros fueron amnistiados cinco días después de la presentación pública del citado informe de la Comisión de la Verdad y las segundas continúan esperando –como anunció Dalton– “el turno del ofendido”, pese a que hace ya más de diez años se decretó la inconstitucionalidad de la aludida amnistía. Por ello, no obstante algunos chispazos de transparencia sobre todo en las administraciones efemelenistas, tanto la mentira como la impunidad se mantuvieron presentes y continúan al servicio del actual Gobierno inconstitucional.
El tema de la educación superior es un buen ejemplo de lo primero. Con enorme alharaca, se acaba de anunciar el otorgamiento de 50 000 becas gubernamentales para estudiantes cuyo destino apuntaría a determinadas universidades privadas. ¿Por qué mejor no construyen las tres sedes de la Universidad de El Salvador (UES) en el interior del país, tal como Nayib Bukele lo ofreció en el campus de esta en su campaña proselitista por la presidencia de la república el 16 de noviembre del 2018? Ocho años después, esa promesa sigue siendo una falacia; puro humo. Por ello, lo primero ‒el montón de dinero para subvencionarle estudios a jóvenes‒ será un lucrativo negocio para cierta parte del empresariado; ampliar la cobertura de la UES, en cambio, se traduciría en la posibilidad de materializar un derecho constitucional para buena parte de la población estudiantil que aspira obtener un título profesional.
En cuanto a la falta de castigo para quienes violan la ley, mucho de lo ocurrido y expuesto en medio del régimen de “excepción” debería ser un buen motivo para impulsar serias y profundas pesquisas. Pero estas, no se ven. Durante la vigencia del referido régimen, tras ser decretado y vuelto normalidad desde hace más de 53 meses, se han denunciado graves atropellos contra personas inocentes que fueron detenidas arbitrariamente; sus responsables no son investigados, procesados y sancionados. Lo mismo ocurre con quienes han sido señalados por otras violaciones a las garantías judiciales y al debido proceso; la impunidad reinante juega a su favor. Todo ello, en medio de la reserva de información como parte de otra hermandad contrapuesta a la mencionada inicialmente: la opacidad.
“Vivimos una hora de lucha entre la verdad y la mentira; entre la sinceridad, que ya casi nadie la cree, y la hipocresía y la intriga. No nos asustemos, hermanos, tratemos de ser sinceros, de amar la verdad”. Eso dijo monseñor Romero; él también afirmó que quien “lucha por la justicia, que busca reivindicaciones justas en un ambiente injusto, está trabajando por el Reino de Dios”.
¡Ojo! Ese, no otro, es el camino.
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