Organizaciones como el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) han convocado a participar a una marcha este martes 15 de septiembre que partirá desde la zona del hospital nacional Rosales, sobre la 25 Avenida Norte, para dirigirse sobre la Alameda Juan Pablo II hacia el centro de San Salvador.
El candidato presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Rafael Aguirre, quien también es secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), aseguró ayer que participará en la marcha. Sin embargo, organizaciones aclararon ayer que la marcha no busca a respaldar a ningún candidato presidencial y pidieron «respetar» el espacio.
El BRP, que considera inconstitucional la reelección presidencial y por ello rechaza la participación en las elecciones de 2027, ha explicado que marchará contra lo que considera un régimen autocrático en función del “clan familiar, oligarquía e imperialismo” y contra el gobierno actual, al que consideran “usurpador y transgresor de la Constitución”.
El Colectivo de Resistencia Obrero Sindical Salvadoreña rechazó «la jornada de 11 horas diarias durante cuatro días», ya que consideró son «horarios extenuantes» que transgreden los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pidió la reducción de la jornada semanal y frenar los despidos en la red nacional de hospitales y Seguro Social.
El BRP informó que marchará en rechazo al régimen de excepción, capturas arbitrarias, la incomunicación de las personas detenidas con sus familiares, los juicios masivos en donde se mezclan personas inocentes con delincuentes y la cadena perpetua para personas señaladas del delito de agrupaciones ilícitas, así como contra el proceso penal contra miembros de la Alianza El Salvador en Paz, la persecución sindical y la Ley de agentes extranjeros.
El representante de Movir, Samuel Ramírez, explicó que denuncian capturas arbitrarias, las muertes en las cárceles, las condenas masivas de inocentes mezclados con pandilleros y el régimen de excepción. «El silencio está matando a las víctimas… No estamos de acuerdo con este modelo de gobierno… Con el miedo quiere seguir gobernando este país», dijo Ramírez.
Entre las manifestaciones económicas de la marcha, rechazan la suspensión del pago de intereses por los fondos de pensiones y el déficit de la producción agropecuaria.
También, el Comité Nacional Monseñor Romero aseguraron que pedirán extender la protección migratoria a los salvadoreños que han estado bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), y defienden a madres y familiares de personas inocentes encarceladas y a vendedores ambulantes perseguidas, además de pedir salarios dignos y jornadas laborales justas.
Miembros de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral marcharán contra la propuesta gubernamental de reorganizar la jornada laboral en El Salvador en cuatro días de 11 horas de trabajo y tres de descanso, conocida como la jornada 4-3, ya que lo consideran un retroceso en derechos laborales. En su lugar, piden reducir la semana laboral de 44 horas a un máximo de 40 horas, con aumento de salarios y respeto a los contratos colectivos y escalafones.
La Mesa pidió una reforma de pensiones para ampliar su cobertura y mejorar las pensiones.
La marcha se realiza en un contexto en el cual el Consejo Superior de Trabajo analiza propuestas de modificación a las jornadas laborales y en el cual el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de El Salvador anunciaron el compromiso de una reforma de pensiones en 2027. La reforma de pensiones acordada en el programa para el cual El Salvador acudió al FMI, de Servicio de Ampliado del Fondo (SAF), busca mejorar las finanzas del país y la reforma previsional está enmarcada dentro de dicho fin.
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