El Observatorio Regional de Derechos Humanos denunció la instalación de al menos cuatro retenes policiales y el registro fotográfico de participantes durante la movilización del 15 de septiembre, acciones que, según la organización, podrían constituir prácticas de vigilancia e intimidación que afectan el ejercicio de derechos como la protesta, la reunión pacífica y la libertad de expresión.
Los retenes fueron instalados sobre la carretera Troncal del Norte, en el desvío de Las Flores, frente a la gasolinera Texas, en las cercanías de La Gloria, y en el sector de la 29 calle, en San Salvador.
El informe también señaló que durante la marcha fueron observadas personas que fotografiaban y registraban a los participantes sin identificarse como periodistas, influencers, integrantes de las organizaciones convocantes o activistas vinculados con la movilización.
De acuerdo con el comunicado, el registro de personas que participan en protestas públicas genera preocupación por su posible utilización para vigilancia, identificación o intimidación. La organización sostiene que lo ocurrido el 15 de septiembre se suma a hechos registrados en anteriores jornadas de movilización social.
Al finalizar la marcha, además, una persona confrontó a los manifestantes, en un incidente que el colectivo calificó como una provocación que pudo haber derivado en mayores hechos de tensión.
El Observatorio también relacionó estos hechos con la presencia policial registrada el 14 de septiembre, antes de una conferencia de prensa vinculada con la movilización del día siguiente. La actividad estaba prevista en el Monumento a los Héroes y Mártires del 30 de Julio de 1975, sobre el paso a desnivel de la Avenida Héroes y Mártires del 30 de Julio, conocida como 25 Avenida Norte.
La organización reconoció que la movilización del 15 de septiembre no tuvo un dispositivo policial y militar de la magnitud documentada durante la marcha del 1 de mayo. Sin embargo, sostuvo que existen similitudes entre ambas jornadas y que las prácticas de vigilancia se han repetido. Durante la movilización de mayo, el colectivo identificó al menos 17 puntos de control policial, además de toma de fotografías a participantes y de sus documentos de identidad.
Según el colectivo, la reiteración de retenes, presencia policial en actividades públicas y registros fotográficos evidencia un patrón de actuación estatal frente a las movilizaciones sociales y puede generar temor o intimidación entre quienes participan en ellas.
Ante estos hechos, Observatorio exhortó al Estado salvadoreño a garantizar los derechos a la protesta, reunión pacífica, libertad de expresión, circulación y participación ciudadana, y a abstenerse de prácticas de vigilancia, intimidación o control que, según la organización, restrinjan el espacio cívico.
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