El ministro de Seguridad de Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró el miércoles que duda de que el programa de protección de víctimas y testigos que ha estado a cargo de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) del sector justicia haya funcionado.
Villatoro sostuvo que el sistema judicial “fue incapaz de tutelar la vida de los testigos”.
Argumentó que actualmente cuando un salvadoreño se enfrenta a una organización criminal como testigo, ellos son los que sustituyen al salvadoreño; «y es el Estado el que se enfrenta a la organización criminal», expresó.
«Ya no necesitamos más que la víctima ande compareciendo y llevándola de un lado para otro y metiéndola en programas que no tengo evidencia que hayan funcionado, no tengo una evidencia. Lo que sí tengo es el sinsabor de saber que ese sistema de justicia penal, con el cual convivían muchas organizaciones, y alababan, fue el que fue incapaz de tutelar la vida de esa gran cantidad de víctimas y testigos», señaló el funcionario.
Villatoro cuestionó cuántos de los homicidios cometidos por los pandilleros fueron promovidos por el «sistema desgraciado penal», en referencia a los códigos penal y procesal penal creados en 1998. «¿Cuántos fue que llevó al paredón de fusilamiento (a las víctimas) porque en el sistema tradicional exigía al momento del juicio que la víctima y los testigos comparecieran», cuestionó.
Al solicitar a los diputados el traslado del programa de protección a testigos al Ministerio de Seguridad, declaró que en dicha cartera de Estado están asumiendo “grandes retos” al buscar un “programa que verdaderamente funcione” para estar «a la altura de países de primer mundo».
Villatoro defendió el traslado del Programa de Protección de Víctimas y Testigos al Ministerio de Seguridad mientras explicaba un proyecto de decreto que disolverá la UTE y la Comisión Coordinadora del Sector Justicia.
Argumentó que, al disolver la Comisión y la UTE, no tocarán el programa de víctimas y testigos, pero que lo redefinirán y lo actualizarán «a la luz de ese nuevo El Salvador”.
Para el año 2026, la UTE tiene asignado un presupuesto de $1,533,417, luego de un recorte de $703,272. La línea presupuestaria de Gerencia Programa de Protección 2026 tiene asignados $502,692, de los cuales ya devengó $269,304.71.
Villatoro dijo que no requerirán “ningún refuerzo presupuestario”, aunque al disolver la UTE, que tiene 43 empleados, la ley de disolución aclara que entregarán indemnizaciones en los primeros meses del año 2027.
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