La directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, denunció el sábado que en Honduras «hay ciclos de impunidad» contra «personas defensoras de los derechos humanos de tierra-territorio que han sufrido de extrema violencia y de gravísimas violaciones a los derechos humanos».
Guevara sostuvo que esas vulneraciones ocurren «ante un Estado pasivo, negligente, que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con cuatro sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), que ya ha reconocido desde el 2015 los derechos ancestrales que tiene el pueblo garífuna (negros) sobre su territorio».
La CorteIDH mantiene casos de comunidades garífunas hondureñas en etapa de supervisión de cumplimiento.
La representante de AI llegó el jueves a Tegucigalpa como parte de una delegación integrada por 35 organizaciones que respaldan el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, instalado desde hace más de un mes frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir el cumplimiento de las resoluciones internacionales.
Guevara afirmó que las comunidades «se siguen enfrentando a violaciones a los derechos humanos, al despojo de sus territorios, a la criminalización, al uso indebido del sistema de justicia para callar sus voces, a la desaparición forzada y, lamentablemente, como muchos otros defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, a las amenazas contra su vida».
Amnistía Internacional informó este mes que cinco integrantes de OFRANEH enfrentan procedimientos penales por usurpación agravada y reclama que cese su criminalización.
La activista cuestionó además al Gobierno del presidente Nasry Asfura al considerar que, en lugar de establecer una ruta para ejecutar las sentencias de la CorteIDH, adoptó legislación que, según su valoración, favorece intereses económicos por encima de los derechos de las comunidades.
La CorteIDH resolvió en 2026 otro caso sobre la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, en el que declaró responsable internacionalmente a Honduras por distintas violaciones de derechos.
«Así es que nuestro llamado es enérgico, primero a que se pare la criminalización contra cinco personas defensoras de OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña) del pueblo garífuna que enfrenta el uso individual del sistema de justicia, simplemente por demandar sus derechos. Estamos demandando que se quiten esos cargos precisamente para que se genere un espacio de diálogo y una ruta para la ejecución de estas sentencias de la Corte Interamericana», expresó Guevara.
La representante de AI lamentó que las máximas autoridades hondureñas no recibieran a la delegación, aunque indicó que sí sostuvieron un encuentro con tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Según Guevara, «hubo un reconocimiento general de que efectivamente el Estado ha fracasado, ha fallado en la ejecución de estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». La CorteIDH registra como pendientes de cumplimiento resoluciones vinculadas con comunidades garífunas del país.
Guevara recordó que las resoluciones internacionales son de obligatorio cumplimiento para Honduras por formar parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estar sometido a la jurisdicción de la CorteIDH. Según su relato, los magistrados reconocieron que «no se ha hecho ningún esfuerzo» respecto a los reclamos de las comunidades, aunque «no reconocen el propio fracaso del sistema judicial, sino más bien culpan al Poder Ejecutivo de no haber ejecutado ya estas sentencias».
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