La siniestralidad vial en El Salvador ha trascendido la esfera de la simple accidentabilidad u omisión de cuidado, para convertirse como un fenómeno criminológico de alta gravedad. Como especialista en criminología, aplicando técnicas y herramientas de la criminología vial analizo con profunda consternación los datos estadísticos publicados de manera actualizada del Observatorio del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT).
Al cierre del 3 de octubre de 2026, las cifras dictan una sentencia lapidaria frente al mismo periodo del año 2025: los siniestros viales han repuntado de 16,226 a 16,875. Más desgarrador aún es el saldo humano, con un incremento de lesionados de 9,719 a 11,979, y una tasa de fatalidad que escaló dramáticamente de 894 a 1,091 compatriotas fallecidos, para un promedio de 4.0 fallecidos diarios en siniestros viales, así como una tasa que supera los 20 fallecidos por cada 100,000 habitantes. La tasa de homicidios intencionales será en el 2026 en El Salvador entre 0.9 y 1.2 para que pueda comparar.
Desde el rigor de la criminología, es imperativo establecer que este incremento no obedece a la fatalidad ni al azar. Estamos frente a la materialización de una violencia estructural profundamente arraigada en nuestra sociedad antes de la fundación de la República hace 205 años. Los cotidianos y a plena luz del día actos de intolerancia, el exceso sistemático de los límites de velocidad estando señalizadas las carreteras de manera vertical y horizontal, el manipular el dispositivo móvil, y el abierto irrespeto a la Ley y Reglamento de Tránsito configuran un escenario de «anomia» o desorden social.
En nuestras calles a nivel nacional, la carencia de educación y cultura vial ha transformado el vehículo en una extensión del ego y en un arma en potencia. El estrés cotidiano, las presiones económicas, deudas, falta de empleo o negocios, y la frustración colectiva se canalizan patológicamente sobre el asfalto. De este modo, el derecho fundamental a la movilidad se convierte en una constante disputa territorial marcada por la hostilidad y la agresión, donde el conductor visualiza al otro no como un ciudadano, sino como un obstáculo o un enemigo.
Al aplicar la perfilación y el análisis espacial de esta conflictividad, la topografía del riesgo es contundente. La Carretera Panamericana y su compleja red de vías de acceso, abarcando con especial severidad el tramo desde Santa Ana hacia el departamento de Cuscatlán, se han consolidado como el principal corredor de morbimortalidad vial en las entradas al denominado gran San Salvador.
Esta arteria vital opera hoy como un embudo crítico donde convergen la alta densidad del parque vehicular, la urgencia desmedida y la intolerancia. La presión de ingresar a la capital actúa como un catalizador de conductas temerarias que, inexorablemente, desembocan en tragedias que colapsan tanto nuestro sistema de salud como el de justicia.
Para mitigar esta crisis, la respuesta estatal y ciudadana debe evolucionar. La visión netamente punitiva centrada de forma exclusiva en la imposición de multas no ha dado resultados y ha sido insuficiente ante una desviación conductual tan compleja.
Requerimos una política criminológica y de seguridad vial integral que aborde el fenómeno desde su raíz. Esto implica invertir en educación emocional, fomentar una reeducación vial obligatoria, pacificar el diseño de nuestras vías e implementar controles preventivos más rigurosos. Es sin duda un trabajo de mediano plazo, pero en este momento se debe de aplicar la ley y hacer una revisión de las legislaciones para incorporar nuevos delitos o agravantes como con los propietarios de flotas o vehículos de transporte, carga que no le proporcionan mantenimiento preventivo o correctivo y aun así asignarlo a un motorista que no tiene la formación, educación y prácticas para licencia pesada
Mientras no reconozcamos que la violencia que ejercemos al volante es un síntoma de nuestras propias fracturas sociales, el asfalto y cemento seguirá cobrando un peaje inaceptable en sangre y dolor. Nuestras calles no pueden seguir siendo un escenario de guerra. La transformación de nuestra cultura vial es, en este momento, un imperativo nacional para la defensa de la vida.
En las próximas semanas se requiere la presencia de policía de tránsito los expertos, y el apoyo de los gestores de tráfico del VMT, para controles vehiculares y verificar la documentación y el estado de los vehículos, pero que no se suspendan en un par de semana. Y a mediano y largo plazo la educación y formación vial para las nuevas generaciones. Tener una licencia en regla y acorde al vehículo que conduce no es sinónimo de poder conducir.
*Por Ricardo Sosa. Doctor en criminología, @jricardososa
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