El Salvador impulsó en los últimos dos años un paquete de reformas legales e incentivos tributarios agresivos destinados a atraer flujos de capital internacional, por lo que se posiciona cada vez más como un destino atractivo para los inversionistas, recopila el informe anual sobre el Clima de Inversión del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El documento revisa las legislaciones aprobadas y el esquema de incentivos para atraer inversión a la economía salvadoreña, estrechamente vinculada a Estados Unidos al ser el principal destino de las exportaciones, el principal origen de las importaciones y la mayor fuente de remesas.
“El Salvador es un destino cada vez más atractivo para los inversionistas, ofreciendo: proximidad a los Estados Unidos, el dólar estadounidense como moneda de curso legal, seguridad pública, y políticas pro-inversión sostenidas, incluyendo incentivos fiscales, marcos regulatorios de apoyo y un enfoque en facilitar el comercio”, señala el reporte.
Según el informe, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa ha facilitado una “rápida” aprobación de “reformas legales clave en 2025-2026 para incentivar la inversión nueva y ampliada”.
El análisis recapitula que uno de los cambios estructurales más relevantes corresponde a la reforma a la Ley de Bancos, aprobada en marzo de 2026, la cual derogó la disposición que exigía que al menos el 51 % del capital accionario de las entidades bancarias estuviera en manos de inversionistas salvadoreños o centroamericanos.
La medida permite ahora la propiedad 100 % foránea de la banca local, abriendo la puerta a adquisiciones y nuevas operaciones de grupos financieros internacionales.
A este movimiento se sumó, en abril de 2026, una reforma al Código Tributario que suprimió la retención del 3 % sobre las ganancias de capital para los inversionistas extranjeros que operan con títulos valores en el mercado bursátil local, buscando dotar de mayor liquidez a un mercado de capitales que el informe califica aún como “pequeño y concentrado”.
Economía digital
En su apuesta por la economía digital y los mercados sofisticados, en agosto de 2025 se aprobó la Ley de Banca de Inversión.
Este instrumento creó la figura de bancos de inversión especializados autorizados para operar con activos digitales y diseñar productos a la medida para inversionistas con un patrimonio mínimo de $250,000 en activos líquidos.
El ecosistema se complementó en octubre de 2025 con la Ley de Fondos de Inversión Alternativa Privados, que habilitó vehículos con requisitos de capital más flexibles dirigidos a proyectos de infraestructura, desarrollo tecnológico y criptoactivos.
En paralelo, ese mismo mes entró en vigor una modernización integral de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos (AML/CFT), alineando las directrices nacionales a estándares internacionales y extendiendo la supervisión preventiva hacia los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
El informe también señala como puntos a favor de El Salvador el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por $1,400 millones, que contempla una ruta para corregir las finanzas públicas y reducir el peso de la deuda, así como reformas estructurales para el crecimiento sostenible.
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