La Asamblea Legislativa reformó el miércoles la Ley de protección civil, prevención y mitigación de desastres para agregar a la titular o a un representante del Ministerio de Vivienda entre los integrantes de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
Esta reforma se debe a que en la ley actual aún se incluía el «Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano», cuando el Ministerio de Vivienda, antes Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, fue creado en 2019 en la primera gestión gubernamental de Nayib Bukele. La subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano fue creada en 1979 bajo el Ministerio de Obras Públicas. La misma solicitud argumenta que es necesario “actualizar la conformación de la Comisión Nacional de Protección Civil”.
La ley de protección civil es la que regula el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, que se activa en un estado de emergencia nacional, como el aprobado desde el 7 de octubre debido a la sequía meteorológica y agrícola en El Salvador.
Además de Vivienda, la Comisión Nacional ya estaba integrada por el ministro de Gobernación, que la preside, el director de Protección Civil, y los titulares o representantes de Cancillería, Salud, Agricultura, Medioambiente, Obras Públicas, Defensa, Educación, Policía, dos representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y tres de asociaciones relacionadas al tema de las zonas occidental, central y oriental.
La Comisión Nacional tiene como funciones diseñar la política nacional de protección civil, supervisar la ejecución de los planes de protección civil, dictar las medidas en emergencia nacional, recomendar construcciones o demoliciones, y coordinar el trabajo de las comisiones departamentales, municipales y comunales de protección civil.
Una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo del 2 de junio de 2019 reagrupó a diferentes dependencias del Estado. Esta reforma facultó al Ministerio de Vivienda a planificar el desarrollo integral de los asentamientos humanos en todo el territorio nacional y evaluar las competencias de las municipalidades en gestión territorial y planes de desarrollo urbano.
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