El Observatorio Regional de Derechos (ORD), a través de su Centro de Monitoreo de violaciones a derechos humanos de personas defensoras ambientales y comunicadoras en El Salvador, documentó seis casos de supuestas agresiones a personas y comunidades defensoras ambientales del 1 de julio al 31 de agosto de 2026.
Los seis casos de supuesta agresión se originaron de movimientos que se generaron frente a la minería metálica y proyectos energéticos, así como por la defensa del agua, el territorio y ecosistemas.
El observatorio indica que la documentación de los casos permite identificar posibles patrones de vigilancia, intimidación, criminalización y restricción de la participación de las comunidades.
Tres incidentes fueron identificados por el observatorio como hostigamiento y vigilancia, dos como amenazas u órdenes de desalojo; y uno como detención arbitraria.
Según el observatorio, las consecuencias de las agresiones fueron en su mayoría afectaciones psicológicas, seguidas de afectaciones en la comunidad, físicas, económicas, familiares y limitaciones a la actividad de defensa, por lo que recomendaron al Estado adoptar medidas para garantizar que personas, organizaciones o comunidades puedan defender derechos ambientales, garantizar “el derecho a la vivienda adecuada” y evaluar impactos ambientales y sociales de los desalojos.
Los seis casos son los siguientes:
22 de julio: vigilancia policial en conferencia por el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, en el triángulo del desvío entre Ilobasco y Sensuntepeque, departamento de Cabañas.
23 de julio: amenaza de desalojo a comunidad defensora del territorio en zona de manglar, en la comunidad Cuatro Vientos, cantón El Zapote, distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz. La orden de desalojo fue emitida por el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura para el 31 de julio contra más de 150 familias. Según el observatorio, la comunidad se encuentra en el entorno de la Costa del Sol y del estero de Jaltepeque, y es una zona de alto interés turístico.
27 de julio: comunidades del distrito de San Isidro, Cabañas Este, denuncian supuestas amenazas por desarrollo de actividades mineras, intentos de desalojo, posible tala de 15,000 árboles para ampliar una vía de acceso hacia terrenos de interés minero.
28 de julio: habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente Sur, protestan contra la construcción de un relleno sanitario, ante presencia policial.
19 de agosto: habitantes de la comunidad Santa Marta protestan contra la captura de Miguel Ángel Callejas Hernández, detenido el 7 de octubre de 2025 por agrupaciones ilícitas y que según la organización había sido sobreseído definitivamente el agosto de 2022. Señalan que es criminalización y lo vinculan con los procesos penales contra líderes comunitarios y ambientales del lugar.
29 de agosto: comunidades indígenas y el Movimiento Indígena para la Articulación de Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) denunciaron hostigamiento y vigilancia durante una actividad pacífica para declarar una zona de la Finca Santa Adelaida, Izalco, Sonsonate, como zona de interés ancestral ecológico y cultural indígena. En el lugar, hay oposición de la comunidad contra el proyecto del parque fotovoltaico de Volcano Energy. En el lugar tres agentes de civil se acercaron a la actividad y manifestaron que actuaban bajo órdenes superiores para prevenir hechos de violencia, algo que las organizaciones consideran parte de un patrón de vigilancia e intimidación.
Deja una respuesta