El Salvador está entre los países cuyos gobiernos no cumplen estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas pero está haciendo importantes esfuerzos para hacerlo, de acuerdo con el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado el jueves, que cubre desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
El Salvador permaneció en el nivel 2 de países, que no cumplen pero realizan esfuerzos significativos, ya que si bien investigaron más casos de trata e identificaron a más víctimas, iniciaron menos procesos penales y condenaron a menos traficantes de personas.
El informe detalla que el gobierno no prestó servicios a la mayoría de las víctimas identificadas y dio pocos servicios a víctimas masculinas adultas y víctimas extranjeras; además, no tenía procedimientos para identificar a las víctimas, en particular mujeres y niños.
La situación salvadoreña presentada por el gobierno estadounidense es similar a la descrita un año antes, en el reporte 2025 con la diferencia de que en este se afirmaba que el Gobierno había aumentado las condenas a los tratantes y se habían reducido las investigaciones. Ese informe también señaló la falta de procedimientos para identificar víctimas entre detenidos por vínculos con pandillas.
El Departamento de Estado mencionó que el gobierno salvadoreño actualizó un plan nacional contra la trata para 2025-2029, promulgó una ley que amplió el financiamiento para la repatriación de víctimas y fortaleció requisitos de regulación para reclutadores laborales.
Para 2025, El Salvador reportó la investigación de 58 casos sospechosos de tráfico humano, de los cuales 37 eran de posible tráfico sexual, 10 de trata de personas y 11 formas no especificadas. La cifra significó un aumento de 18 en los casos investigados, respecto al año 2024.
En el año reportado, se enjuiciaron 515 sospechosos, de los cuales 494 eran cabecillas de pandillas de alto rango MS-13, procesados bajo régimen de excepción por «formas no especificadas de trata» y se condenaron a 5 traficantes, uno condenado por delitos cibernéticos. El informe registró esa disminución de condenas respecto a las 11 que se lograron en 2024.
También, en el mismo año evaluado, se identificaron 152 víctimas de trata sexual, respecto a las 27 identificadas en 2024. Entre las víctimas se incluyen 53 de trata sexual, 86 víctimas de trabajo forzado y 13 de formas no especificadas de trata.
Procedimientos para identificar a víctimas en régimen
El informe advirtió que durante el periodo analizado el gobierno no tenía procedimientos para identificar víctimas de trata en niños y mujeres detenidos por actividades relacionadas a las pandillas.
«Bajo el régimen de excepción, los funcionarios detuvieron, arrestaron y enjuiciaron a niños sin tener en cuenta si eran víctimas de la trata que habían sido obligadas a realizar actividades delictivas forzadas», indica el reporte sobre El Salvador.
Por otra parte, se señalan esfuerzos en capacitación y prevención, actividades de concienciación pública en escuelas y oficinas migratorias, divulgación a empresas y empleados de turismo, y un a ley con requisitos de registro y supervisión a agencias de contratación laboral.
El informe se refiere a una estimación de entre 140,000 a 200,000 niños en El Salvador con «al menos un padre que ha emigrado al extranjero o está detenido bajo el estado de excepción» y que por tanto son vulnerables al tráfico sexual y laboral en el país. También menciona que el control territorial de pandillas terminó efectivamente en el país y que hay un aumento en la libertad de movimiento que se mantuvo en 2025.
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