La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes una reforma a la Ley general de presupuesto del Estado de 2026 para incorporar $78 millones que provienen en su mayoría de la recaudación del impuesto IVA, con el fin de financiar “obligaciones prioritarias e ineludibles” de instituciones del Estado para su funcionamiento en el último trimestre de 2026.
“Actualmente existen algunas instituciones del sector público dentro ellas tenemos obligaciones prioritarias ineludibles que deben ser atendidas durante este último trimestre del año y que requieren de cobertura presupuestaria por un total de $78 millones”, justificó Laura Michelle Arce, subdirectora de presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Un total de $52.9 millones provendrán del pago de IVA, $16.5 millones provienen del Impuesto sobre la Renta; $2.4 millones del impuesto a productos específicos, $4.4 millones de impuestos diversos y 1.8 millones de impuesto sobre comercio exterior.
¿Cuál es el destino de los $78 millones según el mismo Gobierno?
- Ramo de Salud: $18.8 millones para «pago de bienes y servicios, y complementar la compra de medicamentos, insumos y equipos para los diferentes establecimientos de salud».
- Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT): $15 millones para proyectos estratégicos de nación en obras de construcción, mantenimiento y reparación de la red vial, así como derechos de vía a nivel nacional».
- Ministerio de la Defensa Nacional: $14 millones para Plan Control Territorial, recuperación y rehabilitación de territorios a nivel nacional.
- Presidencia de la República: $14 millones. Para secretarías y adquisición de maquinaria, equipos informáticos y tecnológicos, derechos de propiedad intelectual. La subdirectora de presupuesto detalló que los fondos garantizarán “la continuidad y operatividad de las secretarias” de la Presidencia.
- Ministerio de Relaciones Exteriores: $6 millones para gastos de operatividad de las representaciones diplomáticas y consulares, compra de “bienes y servicios esenciales” para el “funcionamiento de la Secretaría de Estado”.
- Fiscalía: $6 millones para capacidades operativas y tecnológicas de “sus diferentes unidades operativas”.
- Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): $1.5 millones para la organización e implementación de un observatorio electoral, incluye cámaras y computadoras.
- Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina): $2.7 millones para financiar programas de acogida privados de su medio familiar para el funcionamiento de programas y lograr así la integración social.

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