La abogada Ivania Cruz, abogada representante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), una organización de asistencia legal, aseveró que un presidente no puede liberar a nadie, en respuesta a las declaraciones del gobernante salvadoreño, Nayib Bukele, sobre un plan para liberar a personas acusadas de colaborar con las pandillas.
“Que en El Salvador no existe un Estado de Derecho, ya que no le corresponde a un “presidente” liberar a nadie, eso comprueba la falta de independencia de los órganos estatales”, indicó en X.
Sin embargo, la abogada sugirió tomar en cuenta el listado de personas que entregaron al comisionado de los derechos humanos, Andrés Guzmán, de personas consideradas inocentes y que fueron detenidas bajo el régimen de excepción.
Bukele confirmó que tienen un plan de liberar anticipadamente a un 50 % aproximadamente de personas detenidas y que estarían acusadas de colaborar con las pandillas, pero cuyo vínculo no tuvo implicaciones en la comisión de delitos graves.
“Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada a una gran cantidad de reos que sí son culpables, que sí merecen estar en la cárcel, pero en las condiciones especiales que vivía nuestro país, tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”, expresó el mandatario, quien aseguró quien realiza este trabajo se le puede llamar comisión o sistema.
Detalló que han establecido un criterio que consiste en determinar el nivel de colaboración que hizo la persona detenida con las pandillas. “Si colaboró para enterrar un cadáver, casi que merece cadena perpetua. Está mal lo que voy a decir pero, si colaboró en avisar que ahí venía la Policía, muchacho que lo ponían a la orilla del pasaje, es culpable, ¿pero qué tan culpable es?», reflexionó.
El Gobierno registra más de 93,162 personas capturadas bajo régimen de excepción y una caída de homicidios en el país, mientras las organizaciones registran más de 500 personas detenidas muertas en las cárceles y más de 6,500 denuncias de violaciones a derechos humanos entre las que dominarían las capturas arbitrarias.
Ivania Cruz junto con Rudy Joya son los portavoces de la Unidehc a quienes España les aprobó el asilo político según dieron a conocer en marzo de 2026 por considerar que sufrían de acoso legal. Contra ambos fueron giradas órdenes de captura por agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de lotificaciones, señalamientos que ellos rechazan y califican de falsos.
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