Con 57 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el miércoles dos reformas a la Ley de Presupuesto General del Estado de 2026 para incorporar $209 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial y de excedentes en la recaudación tributaria. Los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Vamos, de oposición, no votaron a favor de las modificaciones.
Una de las reformas incorporó $131 millones provenientes de un préstamo de $501.25 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo del Grupo Banco Mundial. Los recursos del préstamo se desembolsan por logros educativos pero pueden destinarse a obligaciones generales del Estado que requieran liquidez y a transferencias diversas, según el decreto del préstamo.
El crédito fue aprobado el 21 de abril de 2026 para financiar el programa «Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital», bajo la modalidad de financiamiento basado en resultados educativos.
Entre los indicadores para aprobar los desembolsos están incrementar el porcentaje de estudiantes con niveles de suficiencia en matemática y lectura, el desarrollo de plataformas digitales, el fortalecimiento de los sistemas de evaluación educativa y la dotación de computadoras y tabletas para estudiantes y docentes.
La segunda reforma incorpora $78 millones provenientes de excedentes en la recaudación tributaria, principalmente de los impuestos al valor agregado (IVA) y sobre la renta. El dinero servirá para cubrir obligaciones prioritarias de ocho instituciones públicas durante el último trimestre de 2026.
Con ambas modificaciones, el presupuesto estatal incorpora $209 millones adicionales: $131 millones procedentes de financiamiento externo y $78 millones de ingresos tributarios superiores a los proyectados.
La distribución de los $78 millones contempla las siguientes asignaciones:
Ministerio de Salud: $18.8 millones para bienes, servicios, medicamentos, insumos y equipos.
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte: $15 millones para construcción, mantenimiento y reparación de la red vial.
Ministerio de la Defensa Nacional: $14 millones para el Plan Control Territorial.
Presidencia de la República: $14 millones para gastos de funcionamiento de sus secretarías y adquisición de equipos.
Ministerio de Relaciones Exteriores: $6 millones para la operatividad de embajadas y consulados.
Fiscalía General de la República: $6 millones para fortalecer sus capacidades operativas y tecnológicas.
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos: $1.5 millones para implementar un observatorio electoral.
Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia: $2.7 millones para programas de acogimiento e integración social.
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