El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó ante la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa que la institución recuperó $113.4 millones mediante procesos judiciales por obligaciones pendientes con el Estado salvadoreño, entre 2021 y septiembre de 2026.
Durante su exposición ante los diputados, Delgado destacó que los montos recuperados por la vía judicial registraron un crecimiento sostenido desde 2022, con resultados que prácticamente duplicaron cada año las cantidades obtenidas durante 2021.
“En cuanto a la recuperación de fondo para el Estado, la defensa del estado propiamente, por la vía judicial se ha recuperado 113.4 millones que adeudaban al Estado entre 2021 y septiembre de 2026”, manifestó el fiscal general durante su intervención.
El funcionario también destacó los resultados obtenidos en la defensa del Estado frente a demandas internacionales. Según explicó, El Salvador enfrentó reclamaciones por $11.6 millones presentadas por las empresas Eurofinsa y Arbitral Artificial Intelligence Structures, S.A., mediante procesos de arbitraje internacional.
Delgado señaló que los montos establecidos en los laudos arbitrales se redujeron a $1.6 millones, lo que permitió evitar un desembolso cercano a los $10 millones que inicialmente reclamaban las compañías demandantes.
En cuanto a la recuperación de obligaciones pendientes, el fiscal sostuvo que los recursos obtenidos mediante acciones judiciales contribuyen a las finanzas públicas y generan un efecto disuasivo para que los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades tributarias y cancelen las multas impuestas por la administración pública.
“Desde el año 2022, cada año vamos duplicando o casi duplicamos lo recuperado con respecto al año 2021”, expresó Delgado al referirse al comportamiento de los fondos recuperados durante los últimos años.
Finalmente, el fiscal general defendió la importancia de contar con equipos jurídicos suficientes para representar al Estado en litigios nacionales e internacionales. Argumentó que una resolución desfavorable podría representar obligaciones económicas superiores a los recursos destinados a la defensa jurídica, mientras que la recuperación de fondos y costas procesales permite compensar parte de esa inversión.
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