La Asamblea Legislativa aprobará en su sesión plenaria del miércoles una reforma que endurece las penas a propietarios y conductores de buses y transporte pesado involucrados en accidentes de tránsito que provoquen víctimas.
La reforma, además, impide que la conciliación extinga la acción penal por las lesiones u homicidios culposos que pueda provocar cualquier conductor peligroso.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, justificó ayer la prohibición de la conciliación o mediación en los delitos de conducción peligrosa. Aseguró que negociadores de aseguradoras «ofrecían x o y cantidad de dinero cuando se daban este tipo de tragedias» y que en los pasillos se decía que «$1,500 costaba un muerto por accidente de tránsito».
La reforma prohíbe la conciliación, la mediación o la reparación integral del año como forma para extinguir la acción penal, tanto para las lesiones y homicidios culposos provocados con el delito de conducción peligrosa, en todas sus variantes.
La reforma introduce el nuevo delito de «facilitación de vehículo de motor destinado al transporte público colectivo de pasajeros o de transporte de carga a conductor no habilitado» y también indica que «no procede» la conciliación en este caso.
Según la Fiscalía, esto no significa que se cierre la posibilidad de que las víctimas tengan una reparación, sino que la Fiscalía tendrá que determinar cuál fue el daño real que provocó con la muerte o la lesión de una víctima.
«La Fiscalía así como tiene que investigar la conducta criminal, tiene que investigar cuál fue el daño emergente. Es decir cuál fue el lucro cesante, cuánto era la expectativa de esta persona, cuáles eran sus ingresos, quiénes dependían económicamente de él, el daño moral», detalló.
Este martes, la Comisión de Seguridad Nacional de la Asamblea Legislativa aprobó los dictámenes favorables para reformar la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Las reformas aumentan penas de prisión, crean el nuevo delito de facilitación y prohíben la conciliación de las víctimas o sus familiares con los conductores peligrosos que les han provocado muertes o lesiones.
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