El Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa para incorporar $9.9 millones al presupuesto general del Estado de 2026 que prometen servir para financiar 14,000 becas de jóvenes en situación de escasos recursos que cursan estudios en universidades, institutos especializados o escuelas técnicas.
Las becas, según el proyecto, incluyen gastos de matrícula o inscripción, mensualidad o cuota académica y materiales específicos de la carrera, pero también $30,000 para la contratación de consultores y un equipo coordinador para ejecutar el programa, además de equipo informático.
La solicitud, firmada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, por instrucciones presidenciales a través del secretario jurídico, Adolfo Muñoz, no detalla si los fondos financiarán a los 14,000 registrados como becados o incluiría a nuevos beneficiarios.
Los criterios para otorgar las becas son «determinados por la Dirección de Integración», adscrita al Ministerio de Gobernación.
Los fondos provienen de un préstamo de $100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca evitar que los estudiantes abandonen sus estudios de educación media y postsecundaria, entendiendo esta como una carrera técnica o universitaria.
De acuerdo con el proyecto de reforma presupuestaria, se programarían $9,877,110 para el programa de becas y apoyo económico para estudiantes de postecundaria y $30,000 para administración del programa y Unidad Ejecutora, ambos para ser concluidos en diciembre de 2026. La iniciativa pasó a la Comisión de Hacienda, que se reunirá el lunes.
Según cifras manejadas por la diputada Suecy Callejas en agosto pasado, 14,000 jóvenes tienen becas vigentes durante el año 2026 pero en enero de 2027 se integrarán otros 20,000 jóvenes.
El proyecto del BID se llama «Integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador» y prevé una ejecución en un plazo de 5 años, con una población beneficiaria de 60,000 jóvenes, 12,000 anuales, y con transferencias económicas para 1,000 personas con discapacidad y 1,500 madres jóvenes, además de atención a 1,000 personas retornadas con potencial de reintegración.
El proyecto incluye un sistema de alerta temprana encargado de detectar riesgos de deserción de estudiantes, así como refuerzo académico, cursos extracurriculares, orientación vocacional.
El préstamo del BID se debará pagar en un plazo de 23 años, con 7.5 años de gracia.
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