Organizaciones no gubernamentales presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en audiencia pública, el testimonio de Pedro López Castellón, hermano de un molinero y comerciante que, según su relato, fue arrestado bajo el régimen de excepción en Jucuapa, Usulután Norte, y que falleció mientras estaba recluido.
De acuerdo a López, su hermano Rafael, un hombre de 53 años que padecía de insuficiencia renal y cardiaca crónica, había sido víctima de la extorsión de pandillas pero que el 8 de abril de 2022 fue arrestado en su vivienda y molino «sin orden de allanamiento» y «bajo señalamientos infundados de pertenecer a pandillas».
Primero, dijo, fue trasladado a las bartolinas de Usulután y posteriormente al centro penal de Mariona. “Nunca más volvimos a saber de él», expresó, ante otros representantes de organizaciones no gubernamentales que pidieron esta semana una audiencia pública ante la CIDH.
Según su versión, Rafael fue aislado y agredido físicamente, y falleció el 1 de junio de 2022 en un hospital, pero lo supieron hasta el 8 de agosto de 2022.
«Su cuerpo fue semanas en la morgue y luego enterrado clandestinamente en una fosa común en La Bermeja, nos enteramos por casualidad 68 días después. El 8 de agosto de 2022, cuando fui a realizar los trámites en antecedentes penales, me dijeron que había fallecido», dijo.
López dijo que identificó el cadáver en las instalaciones forenses en los albúmenes con fotografías de cuerpos no reclamados y advirtió que había «contradicciones» sobre el lugar de la muerte. Sin embargo, indicó que luego de una orden de exhumación, el 18 de septiembre de 2022, pudieron darle sepultura en Jucuapa.
La CIDH ya ha realizado otras audiencias públicas sobre denuncias de violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. La declaración de López Castellón ocurrió en una audiencia el 26 de octubre solicitada por las organizaciones y celebrada en el 197 periodo de sesiones de la Comisión, del 26 al 30 de octubre.
Mientras las organizaciones señalan que en el régimen de excepción se han documentado capturas arbitrarias, torturas, muertes de detenidos, el Gobierno defiende la medida como herramienta que se ha utilizado para capturar a 93,334 personas vinculadas a estructuras criminales y que ha provocado la drástica disminución de homicidios en el país.
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