“Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo”. Es esta, para mí, la frase central del poema de Neruda titulado “Los enemigos”; luego fue adoptada en Nicaragua y El Salvador durante las luchas por revoluciones traicionadas, utilizada con una variante: en lugar de demandar al final lo mismo, se gritaba aquel lejano “¡juramos vencer!”. En el país del poeta chileno, por los asesinatos de Víctor Jara y el director del Servicio Nacional de Prisiones durante la presidencia de Salvador Allende –Littré Quiroga– ejecutados hace más de medio siglo, fueron enjuiciados y condenados varios militares.
Con el triunfo de la revolución sandinista el 19 de julio de 1979, fueron procesados exmiembros de la Guardia Nacional somocista en los Tribunales Especiales de Justicia creados para ello. En cambio acá se decretó una amnistía general, absoluta e incondicional para favorecer a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, independientemente del bando al que pertenecieron durante la preguerra y la guerra.
Las perdedoras perjudicadas con tal decisión injusta fueron sus víctimas. Sobre esto he escrito, hablado y denunciado muchas veces, lo cual continuaré haciendo. Lo hice desde el principio de las más de dos décadas en las cuales fungí como director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas: el IDHUCA. Todo ese tiempo acusé públicamente a los responsables de hechos atroces diversos y presenté denuncias en la Fiscalía General de la República; también pensé, organicé e impulsé acciones de impacto como el Festival Verdad y el Tribunal internacional para la aplicación de justicia restaurativa en El Salvador. De haber continuado eso…
Al dejar dicho recinto académico seguí de necio caminando por esa misma senda, ya sin respaldo institucional pero junto con víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas asesinadas o desaparecidas; así forjamos una herramienta: la agrupación denominada Víctimas Demandantes (VIDAS). De los casos que presentamos con esa bandera de lucha en el Ministerio Público ni siquiera ha avanzado la investigación del de mi prima, Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, que junto con su padre Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez –empleada de este– desaparecieron de manera forzada a manos de esbirros gubernamentales entre el 28 y el 29 de julio de 1982. Lo que se ha logrado, que no es tan importante como la verdad y la justicia, es por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de marzo del 2024.
Dentro de este tribunal ahora está siendo procesado el Estado salvadoreño por el caso de Katya Natalia Miranda Jiménez, la niña de nueve años que fue violada y asesinada el 4 abril de 1999; esta indignante salvajada ocurrió ya en la violenta posguerra sufrida en este “paisito”, en cuya primera década no paró el sangrerío: durante 1995, 1996 y 1997 el promedio anual de muertes violentas, en su gran mayoría realizadas con armas de fuego, fue de 7211 según el gubernamental Consejo Nacional de Seguridad Pública existente entonces.
Al sistema regional de promoción y protección de derechos humanos ‒del cual es parte la citada Corte‒ se recurre cuando las cosas, para las víctimas, no marchan bien en un país. Eso hicimos, entre otros, con el caso de Katya y con el asesinato de Ramón Mauricio García Prieto Giralt ocurrido el 10 de junio de 1994 cuando apenas acababa de finalizar la guerra. Y eso se continúa haciendo en la actualidad en defensa, por ejemplo, de las víctimas inocentes generadas en el marco del régimen de una “excepción” que ya superó los cuatro años y medio; la mala fortuna de estas y la de sus familias junto con la muerte lenta producida por el hambre entre las mayorías populares, vistas en perspectiva de futuro pueden llegar a ser detonantes de otra explosión violenta dentro de nuestra sociedad.
Hay que advertir esa posibilidad que nadie debería desear, pero que puede llegar a concretarse de nuevo. Cíclicamente eso ha ocurrido acá; basta recordar en el siglo pasado la matanza iniciada en aquel enero de 1932 y la guerra que no fue ninguna “farsa”, pese a que hoy alguien quiera reescribir la historia. Bien dijo monseñor Romero, siendo arzobispo metropolitano, que la paz no era “producto del terror ni del miedo” sino “la contribución generosa y serena de todos al bien común”. Hoy hay gente que tiene miedo y lo que permanece es el “mal común”, así llamado por otro de nuestros mártires: Ignacio Ellacuría.
En gran medida, eso responde y debe relacionarse con el maltratamiento de las víctimas al negarles la verdad, la justicia y la reparación debidas; también con el daño a la sociedad, al optar por establecer en esta ‒con la impunidad‒ garantías de repetición.
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