El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cumple este domingo sus primeros 100 días de gobierno, marcados por cambios en su gabinete, una política de seguridad más estricta y medidas económicas para enfrentar el déficit fiscal. Su administración también enfrenta críticas por el protagonismo personal del mandatario en las operaciones contra grupos armados y por las consecuencias de sus propuestas de ajuste económico.
El mandatario asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto con una agenda centrada en seguridad, austeridad y reactivación económica. Sin embargo, tres días después de su investidura, un terremoto de magnitud 7.4 devastó el centro-oeste colombiano y obligó al Gobierno a modificar sus prioridades. Durante este período, cerca de 20 funcionarios abandonaron sus cargos, entre ellos los ministros de Educación, Viviane Morales, y del Interior, Rodrigo Lara, en medio de una creciente inestabilidad administrativa.
De la Espriella también endureció su discurso político y promovió una confrontación ideológica que incluyó críticas al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, su administración intentó retirar más de 60 obras del Museo Nacional por considerarlas ideológicas, aunque la iniciativa no prosperó. Estas decisiones forman parte de lo que el mandatario presenta como una transformación de las políticas heredadas de gobiernos anteriores.
Seguridad y combate a los grupos armados
En materia de seguridad, el presidente recibió un país donde las organizaciones armadas sumaban aproximadamente 29,000 integrantes, entre combatientes y personas vinculadas a redes de apoyo logístico y financiero. A finales de agosto, el Gobierno decidió terminar las negociaciones con estos grupos, iniciadas durante la administración anterior, al considerar que no existía una voluntad real de alcanzar acuerdos de paz.
Desde entonces, De la Espriella impulsa operaciones policiales y militares contra guerrillas, organizaciones paramilitares y estructuras del narcotráfico, en sustitución de la política conocida como paz total.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) advirtió que, pese al protagonismo de la seguridad en la agenda presidencial, todavía no existe «una estrategia capaz de traducir los operativos en una reducción del poder de los grupos armados».
La organización también cuestionó la participación directa del mandatario en actividades policiales y militares, así como la exposición pública de personas detenidas o abatidas. En su análisis señaló que «el protagonismo que ha asumido el presidente en la comunicación de los resultados también debe ser revisado» y sostuvo que «el liderazgo presidencial es necesario; el protagonismo personal, en cambio, puede debilitar a las instituciones que deberían sostener la política».
Según las cifras examinadas por la FIP, entre agosto y septiembre de 2026 los homicidios disminuyeron un 10.6 %, los secuestros bajaron un 66.3 % y los enfrentamientos armados se redujeron un 61.9 %, en comparación con el mismo período de 2025. Sin embargo, los ataques contra infraestructura y bienes civiles aumentaron un 44.4 %, mientras que los confinamientos de comunidades crecieron un 37.5 %. La fundación advirtió que «esta combinación confirma que la reducción de algunas expresiones de violencia no necesariamente significa que los grupos armados hayan perdido capacidad de control o influencia».
Recortes fiscales y cuestionamientos económicos
En el ámbito económico, el Gobierno enfrenta un déficit fiscal que alcanzó el 6.4 % del producto interno bruto (PIB) en 2025 y una deuda pública equivalente al 60.5 % del PIB. Ante este escenario, De la Espriella ordenó iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque todavía no se concreta un acuerdo de apoyo financiero.
También anunció una reducción del gasto estatal de 13.8 billones de pesos colombianos, equivalentes aproximadamente a $4,158 millones, mediante medidas de austeridad, menores costos del servicio de la deuda y eliminación de contratos.
La administración presentó además al Congreso una Ley de Rescate Económico para contener el crecimiento de la deuda pública, fortalecer las finanzas estatales y estimular la inversión privada. El centro de estudios económicos ANIF advirtió que «la aprobación integral de la ley es el único escenario en el que el Gobierno recibe más de lo que gasta antes de pagar intereses».
No obstante, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, principal figura de la oposición, cuestionó el proyecto por considerar que afecta «severamente» a los ciudadanos.
«Estamos preocupados porque esta es una manera de retribuir o de cumplirle al FMI. Es una reforma tributaria que vuelve al pasado en términos de romper con el principio de progresividad en el pago de los impuestos y de invertir de nuevo las cargas», declaró Cepeda a EFE el pasado 30 de octubre.
Deja una respuesta