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  • FMI advierte que crisis fiscal de Colombia es insostenible

    FMI advierte que crisis fiscal de Colombia es insostenible

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la situación fiscal de Colombia es «insostenible» y pidió al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella adoptar medidas para reducir el déficit y estabilizar las finanzas públicas. El organismo considera necesario un esfuerzo conjunto para controlar el endeudamiento del país sudamericano y mejorar sus perspectivas económicas.

    El director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, expresó su preocupación por el deterioro de las cuentas públicas colombianas durante una conferencia de prensa celebrada este viernes 16 de octubre.

    «Esta no es una situación ni sostenible ni viable. Creemos que el país necesita un esfuerzo concertado para reducir la deuda», explicó el funcionario al referirse a los desafíos fiscales que enfrenta Colombia.

    El organismo multilateral mantiene conversaciones con las autoridades colombianas para identificar medidas que permitan corregir los desequilibrios fiscales. Chalk indicó que actualmente se analizan «opciones y estrategias» para definir los próximos pasos y destacó que los representantes del Gobierno se muestran «muy comprometidas» con el proceso de ajuste y estabilización de las finanzas públicas.

    Como parte de este acercamiento, el FMI enviará una misión técnica a Bogotá a principios de noviembre para continuar las conversaciones con el Ejecutivo. La visita buscará avanzar en el análisis de la situación económica y en la identificación de alternativas que permitan reducir la deuda y mejorar la sostenibilidad de las cuentas estatales.

    En cuanto al crecimiento económico, el FMI prevé que Colombia registre una expansión cercana al 2.3 % tanto en 2026 como en 2027. Sin embargo, Chalk consideró que el país dispone de condiciones para alcanzar un desempeño superior al proyectado. El funcionario afirmó que el potencial económico colombiano es «mucho mayor que ese» y sostuvo que «debería estar creciendo mucho más rápido».

    Las conversaciones entre el Gobierno colombiano y el FMI comenzaron poco después de que la administración de De la Espriella asumiera el poder durante el verano. El Ejecutivo busca enfrentar una situación fiscal que el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Andrés Quevedo, calificó de «crítica» y «sin precedentes», debido a las dificultades para controlar el déficit y el crecimiento de la deuda pública.

    Colombia cerró 2025 con una deuda pública equivalente al 59.9 % del producto interno bruto (PIB). A finales de agosto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advirtió que el déficit fiscal de 2026 se encaminaba hacia el 8.2 % del PIB, una cifra superior al 5.3 % que había proyectado el Gobierno saliente de Gustavo Petro. La diferencia entre ambas estimaciones refleja el deterioro de las perspectivas fiscales del país.

    No obstante, Gómez aseguró que las medidas impulsadas por el Ejecutivo permitirán reducir el déficit hasta el 7.2 % del PIB al cierre de 2026. Aunque esta proyección representa una mejora frente al 8.2 % inicialmente previsto, continúa por encima de la estimación del Gobierno anterior. El FMI mantiene su llamado a adoptar acciones que permitan disminuir el endeudamiento, recuperar la estabilidad fiscal y crear condiciones para un mayor crecimiento económico.

     

  • Miles de colombianos protestan en el primer paro nacional del Gobierno de De la Espriella

    Miles de colombianos protestan en el primer paro nacional del Gobierno de De la Espriella

    Miles de colombianos salieron este miércoles a las calles de las principales ciudades del país para participar en el primer paro nacional contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, convocado por centrales sindicales y partidos de oposición apenas dos meses después de que el mandatario asumiera el poder.

    Las movilizaciones reúnen demandas laborales, educativas, económicas y sociales, además de reclamos territoriales de distintas organizaciones civiles. Los participantes también expresaron su rechazo a las primeras propuestas de la administración de De la Espriella, identificada con la ultraderecha y caracterizada por su cercanía política con Estados Unidos.

    En Bogotá, cuatro marchas comenzaron a movilizarse a las 10:00 de la mañana, hora local, con el propósito de concentrarse en la Plaza de Bolívar. Durante las primeras horas de las protestas no se reportaron incidentes y la presencia de las autoridades estuvo limitada principalmente a la regulación del tráfico.

    Los manifestantes portaban pancartas con exigencias laborales, banderas de Colombia y Palestina, así como distintivos de organizaciones sindicales.

    «Es el momento oportuno para protestar», declaró a EFE el senador Wilson Arias, del izquierdista Pacto Histórico, quien cuestionó los recortes anunciados en instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Agencia para la Reincorporación de Excombatientes (ARN). El legislador también rechazó la eliminación de subsidios a la energía eléctrica, una medida que afectaría especialmente a los habitantes de la región del Caribe colombiano.

    Las críticas también fueron expresadas por estudiantes que participaron en las movilizaciones. «Desde ya es el momento de ponerse en contra y en la defensa de los derechos humanos, la educación gratuita y el valor por la vida», manifestó un estudiante de Derecho de la Universidad Pedagógica Nacional que prefirió mantener su identidad en reserva. El joven acusó de «fascismo» al Gobierno de De la Espriella y defendió la necesidad de movilizarse frente a sus políticas.

    El paro nacional se desarrolla un día después de que el presidente firmara el decreto 1525 de 2026, una disposición que generó controversia por sus implicaciones para el ejercicio de la protesta social.

    La normativa establece que las autoridades deben procurar el diálogo con los manifestantes, aunque aclara que este mecanismo no constituye «un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia».

    El mandatario defendió el lunes las disposiciones del decreto y sostuvo que la protesta pacífica constituye una «garantía constitucional», pero advirtió que ese derecho «no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia». Sus declaraciones se produjeron en medio del debate sobre los límites de la intervención de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.

    «Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio (servicio de autobús urbano de Bogotá) convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal», puntualizó De la Espriella.

    Las movilizaciones de este miércoles representan la primera jornada de protesta nacional contra su administración y reflejan el descontento de organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales frente a las medidas anunciadas durante sus primeros dos meses de Gobierno.

  • Bukele asistiría a inauguración de megacárcel en Costa Rica

    Bukele asistiría a inauguración de megacárcel en Costa Rica

    El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, asistirían el próximo 14 de octubre a la inauguración de la nueva cárcel de máxima seguridad de Costa Rica, según reportes de medios costarricenses divulgados la noche del martes. La Presidencia costarricense no había confirmado públicamente la lista de invitados extranjeros.

    El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) será inaugurado a las 12:30 del mediodía del próximo miércoles en terrenos del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

    La nueva prisión fue construida a partir de planos donados por el Gobierno de El Salvador y su apertura fue anunciada por la Presidencia costarricense la noche del domingo.

    La eventual presencia de Bukele y De la Espriella convertiría la inauguración en una muestra regional del modelo penitenciario de línea dura desarrollado por el mandatario salvadoreño. Durante este año, los gobiernos de Honduras y Panamá también anunciaron medidas carcelarias inspiradas en las implementadas en El Salvador.

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, invitó a De la Espriella durante una visita que realizó a Colombia en septiembre. En esa ocasión, Fernández explicó que había solicitado al gobernante colombiano y a sus equipos de seguridad participar en la ceremonia de octubre y sostuvo que el intercambio de inteligencia con Colombia fortalecería la lucha costarricense contra las redes del narcotráfico.

    De la Espriella asumió la Presidencia colombiana el pasado 7 de agosto, después de una campaña que retomó elementos del mensaje de seguridad de Bukele. El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, manifestó alrededor de la investidura del colombiano que el Gobierno de El Salvador estaba dispuesto a asesorar a Colombia para la construcción de grandes centros penitenciarios.

    El ministro de Justicia de Costa Rica, Gabriel Aguilar, evitó confirmar la semana pasada si Bukele o De la Espriella participarían en la inauguración y señaló que esa información correspondía a la Presidencia.

    En caso de concretarse la asistencia del mandatario salvadoreño, sería al menos su tercera visita a Costa Rica vinculada al sistema penitenciario. En noviembre de 2024 recorrió La Reforma y advirtió que el país mostraba síntomas de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.

    Bukele regresó en enero para participar, junto al entonces presidente Rodrigo Chaves, en una ceremonia por el inicio de la construcción del CACCO. La visita ocurrió menos de tres semanas antes de las elecciones presidenciales costarricenses y generó críticas de partidos opositores, que la calificaron como una interferencia extranjera.

    El Tribunal Supremo de Elecciones permitió la visita, pero advirtió que las delegaciones extranjeras no debían intervenir en la política interna. Fernández ganó los comicios del 1 de febrero y asumió el cargo el 8 de mayo.

    El Ministerio de Justicia informó que la nueva cárcel tendrá capacidad para unos 5,100 reclusos distribuidos en cinco módulos y estará destinada a líderes de organizaciones criminales, internos considerados violentos, personas sujetas a extradición y privados de libertad que requieran protección especial.

    Los reclusos vestirán uniformes naranjas y no podrán utilizar ropa procedente del exterior. El Gobierno costarricense presenta el CACCO como una de sus principales respuestas al crimen organizado.

     

     

  • Daniel Noboa asegura que Abelardo De la Espriella «no tolerará» que Colombia sea refugio de criminales ecuatorianos

    Daniel Noboa asegura que Abelardo De la Espriella «no tolerará» que Colombia sea refugio de criminales ecuatorianos

    El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este lunes que su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, no permitirá que Colombia se convierta en un lugar de refugio o descanso para los criminales ecuatorianos y destacó la cooperación entre ambos gobiernos.

    «El Gobierno anterior de Colombia (liderado por Gustavo Petro) lo que hizo fue regalarle un territorio en el sur a los ya exFARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), igual siguen siendo guerrilleros, se siguen cambiando el nombre, pero le entregó el sur, y nuestro vecino no era Colombia, nuestro vecino era la guerrilla», dijo Noboa durante una entrevista con radio Centro Digital.

    El mandatario ecuatoriano afirmó que la relación con De la Espriella permitió fortalecer la coordinación entre los dos países. «las cosas están mejorando, se ve una cooperación, hablamos una vez cada quince días por teléfono. Existe una muy buena relación y existe una cooperación también entre Fuerzas Armadas y Policía», dijo.

    «Abelardo no va a tolerar que Colombia» sea el lugar «de descanso de los criminales ecuatorianos (…) porque era su segunda casa. De aquí se iban, tenían casas en Cali, tenían casas en diferentes partes de Colombia. Hoy ya no les parece un lugar tan seguro a ellos», anotó Noboa.

    Las declaraciones se producen después de que Mariela Peñarrieta y Michelle Macías Peñarrieta, esposa e hija del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fueran expulsadas de Colombia y llegaran a Ecuador el pasado 29 de septiembre. Ambas habían sido detenidas dos días antes en una operación policial realizada entre los dos países y el FBI.

    Las mujeres fueron localizadas en el departamento de Santander, al noreste de Colombia, tras una investigación y seguimiento internacional. Ambas habían sido expulsadas de Argentina en 2024 junto con otros familiares y, después de ser enviadas a Ecuador, volvieron a trasladarse a territorio colombiano, según el ministro del Interior, John Reimberg. Peñarrieta y Macías están en prisión y eran requeridas por la Justicia ecuatoriana por el presunto delito de lavado de activos dentro del caso denominado ‘Blanqueo Fito’.

    La cooperación entre ambos países también permitió que en junio Colombia expulsara a Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, hermano de alias Fito y considerado uno de los principales cabecillas de Los Choneros. El hombre, requerido mediante una notificación roja de Interpol, fue detenido en Bogotá en una operación conjunta de la Policía colombiana, autoridades ecuatorianas y organismos de inteligencia de ambos países.

    Los Choneros figura entre las bandas catalogadas como «terroristas» por el Gobierno de Noboa dentro de la «guerra» declarada en 2024 contra estos grupos, a los que se atribuye la escalada de violencia registrada en Ecuador. Estados Unidos y Argentina también declararon a Los Choneros y a Los Lobos, su principal rival en territorio ecuatoriano, como «organizaciones terroristas».

  • El Salvador y Colombia buscan compartir experiencias sobre educación y seguridad

    El Salvador y Colombia buscan compartir experiencias sobre educación y seguridad

    Los vicepresidentes de El Salvador y Colombia acordaron impulsar misiones de intercambio para compartir experiencias en seguridad, inteligencia artificial, salud, educación y tecnología, además del sector farmacéutico y el turismo sostenible.

    Se trata de una misión hacia El Salvador y otra hacia Barranquilla, que pudiera incluir un encuentro con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, informó que sostuvo una videollamada con su homólogo colombiano, José Manuel Restrepo, para acordar esa misión de intercambio.

    Mientras, el vicepresidente de Colombia aseguró que conversaron sobre la agenda entre ambos países.

    «Nos extendimos una invitación para visitarnos, conocer de primera mano las experiencias del otro y convertir esta cercanía en resultados concretos», expresó el vicemandatario colombiano.

    Restrepo mencionó, en un video, que tienen «mucho que aprender de El Salvador» como «en educación, donde lograron un impulso importante en las Pruebas Pisa».

    Así mismo, reveló que también El Salvador está interesado en aprender sobre la experiencia colombiana en el sector farmacéutico y en el «turismo sostenible».

     

  • De la Espriella apuesta por la mano dura y el efectismo mediático como política de seguridad

    De la Espriella apuesta por la mano dura y el efectismo mediático como política de seguridad

    El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dio un giro a la política de seguridad del país con una estrategia de mano dura contra guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, marcada hasta ahora por operaciones de la Fuerza Pública, anuncios mediáticos y la divulgación constante de resultados.

    La política contrasta con la impulsada por su antecesor, Gustavo Petro, quien durante su mandato entre 2022 y 2026 intentó sin éxito cerrar el conflicto armado mediante negociaciones con distintos grupos bajo la denominada ‘Paz total’.

    De la Espriella prometió ejercer «mano de hierro» y advirtió que el Estado empleará «las armas y las leyes» para perseguir a estas estructuras.

    El mandatario también convirtió su presencia en operaciones de seguridad en parte de su estrategia pública. En un video apareció caminando entre bolsas con cadáveres de presuntos integrantes de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muertos durante un bombardeo.

    En otras imágenes apareció con chaleco antibalas y gorra policial y, antes de la deportación de un líder de una disidencia de las FARC a Estados Unidos, le dijo: «¡Bienvenido a la Patria Milagro!».

    De la Espriella publica diariamente en X balances de las operaciones realizadas por la Fuerza Pública durante la jornada anterior, con énfasis en cifras y nombres relacionados con capturas, incautaciones de drogas y decomisos de maquinaria utilizada para la minería ilegal.

    La estrategia provocó controversia por la forma en que el presidente presenta los resultados y por las preocupaciones sobre posibles vulneraciones de derechos humanos.

    La ofensiva ocurre mientras los grupos armados atraviesan un período de fortalecimiento. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sus integrantes aumentaron 23.5 % durante 2025 hasta alcanzar 27,121 miembros, mientras los ataques contra la Fuerza Pública crecieron 62 % entre 2024 y 2025 frente a los dos años anteriores.

    La muerte de un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) durante una operación militar provocó que ese grupo paramilitar impusiera un paro armado de 72 horas en Santa Marta y sus alrededores.

    «Dependiendo de la estrategia del Gobierno, vamos a tener efectos sostenibles o vamos a tener solamente efectos narrativos o simbólicos. Es clarísimo que este país necesita primero proteger a la población civil. La gente en muchos territorios del país la está pasando mal», expresó a EFE el director área Conflicto y Seguridad de la FIP, Javier Flórez.

    El experto reconoce que «Colombia necesitaba pasar a la ofensiva» tras el fracaso de la ‘Paz total’, pero considera necesario atacar las economías criminales y otros «nodos críticos» que sostienen a estos grupos.

    «Podemos seguir capturando, neutralizando, sometiendo a estructuras de la violencia organizada, pero si no golpeamos sus nodos críticos, no estamos realmente desestructurando las capacidades para que sigan expandiendo su poder criminal», agrega Flórez.

    Paralelamente, organizaciones sociales expresaron preocupación ante el riesgo de que la presión por presentar resultados derive en violaciones de derechos humanos, incluida la ejecución de civiles ajenos a los grupos armados, en situaciones que recuerdan los denominados falsos positivos.

    La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, indicó que su organización es consciente de que «se está produciendo un recrudecimiento de la violencia y el control por parte de los grupos armados, mientras que, al mismo tiempo, este nuevo Gobierno está optando por una guerra total, muy militarizada y centrada en la seguridad, contra los grupos armados».

    «Esto significa que la protección de los derechos humanos es extremadamente difícil, que la gente se ve básicamente acorralada y atrapada entre los grupos armados y el aparato de seguridad del Estado», subrayó.

    Callamard planteó que la seguridad estatal debe incluir no solo presencia militar, sino también «políticas públicas, educación, servicios sociales, transporte público e inversión económica».

     

  • Colombia y Costa Rica acuerdan reforzar lucha contra narcotráfico

    Colombia y Costa Rica acuerdan reforzar lucha contra narcotráfico

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, acordaron este martes fortalecer la cooperación entre ambos países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, durante su primera reunión bilateral celebrada en Barranquilla, Colombia.

    «Hoy podemos afirmar, con toda intensidad, que Colombia y Costa Rica dan un paso al frente en una lucha sin cuartel que nos une como mandatarios y es la persecución con mano dura para que vuelva la justicia y la paz a nuestros pueblos. Es una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y contra el narcoterrorismo que tanto daño le hace a nuestras naciones», expresó la presidenta costarricense.

    Fernández aclaró que la cooperación no implica que «Costa Rica vaya a recibir a la basura» que De la Espriella «está limpiando de su patria», sino reforzar los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico y evitar que las organizaciones criminales extiendan sus operaciones hacia territorio costarricense.

    «Hoy trazamos una ruta de apoyo bilateral. He recibido acá a un presidente con el cual es posible hacer equipo, un equipo de trabajo muy profesional (…) para perseguir (al narcotráfico) y que ese cáncer no haga metástasis en mi amada patria», añadió Fernández.

    La agenda del encuentro incluyó mecanismos para fortalecer el intercambio de información y la coordinación de las instituciones de seguridad de ambos países.

    De la Espriella señaló, por su parte, que Colombia y Costa Rica trabajan en una estrategia conjunta de seguridad regional vinculada al denominado Escudo de las Américas.

    «Colombia está construyendo una visión de seguridad regional en la que queremos trabajar de manera mancomunada con Costa Rica y otros países para fortalecer el Escudo de las Américas», afirmó.

    El mandatario colombiano destacó la importancia de la coordinación internacional para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

    En opinión de De la Espriella, «esa batalla requiere sin duda alguna cooperación internacional y hoy encontramos en Costa Rica un aliado inmejorable, un país dispuesto a trabajar con Colombia» bajo el liderazgo de Fernández.

    La reunión se desarrolló en la sede presidencial de Barranquilla, ciudad a la que Fernández llegó este martes acompañada por funcionarios de seguridad, justicia, inteligencia y comunicación de su Gobierno. La Cancillería colombiana confirmó que se trató del primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios.

    El encuentro forma parte de los esfuerzos de ambos gobiernos por ampliar la cooperación regional en seguridad. Las autoridades habían adelantado que la agenda estaría centrada en el combate al narcotráfico, el intercambio de información y las acciones contra estructuras criminales que operan en distintos países de la región.

     

  • Grupos criminales colombianos crecieron 90 % durante el gobierno de Petro

    Grupos criminales colombianos crecieron 90 % durante el gobierno de Petro

    Los grupos armados ilegales de Colombia aumentaron un 90 % durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, entre 2022 y 2026, según un informe divulgado este jueves por organizaciones defensoras de derechos humanos del país.

    El reporte fue elaborado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, que en conjunto agrupan a 125 organizaciones. Según sus datos, las estructuras armadas pasaron de 15,120 integrantes en diciembre de 2022 a 28,802 en julio de 2026.

    El Clan del Golfo registró el mayor crecimiento, con un incremento del 152 %, y alcanzó presencia o control territorial en al menos 429 de los 1,103 municipios colombianos, equivalentes al 38.8 %. Las disidencias de las antiguas FARC aumentaron un 109 % y llegaron a 376 municipios, aproximadamente el 34 % del territorio nacional.

    Dentro de las disidencias, la Segunda Marquetalia, comandada por alias Iván Márquez, aumentó un 108 %, mientras el número de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) creció un 22 %. El informe también señala que entre enero y agosto de 2025 al menos 544 personas murieron a causa de explosivos, un incremento del 145 %.

    El crecimiento de las organizaciones armadas estuvo acompañado por hechos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Durante la administración de Petro se contabilizaron 3,115 agresiones, frente a las 3,544 registradas durante el Gobierno de Iván Duque, entre 2018 y 2022, lo que representa una reducción del 12 %.

    Sin embargo, el reporte señala que los asesinatos de líderes sociales y defensores se mantuvieron en 618 casos y las desapariciones forzadas aumentaron un 34 %, hasta alcanzar 78. Las organizaciones cuestionaron además la política de ‘paz total’ de Petro porque «no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios», debido a problemas metodológicos, de coordinación institucional y resistencia de sectores vinculados con actividades ilegales.

    «El balance de la paz conduce así a una conclusión central: el fracaso de varios procesos de negociación no demuestra que una estrategia predominantemente militar pueda resolver el conflicto», indica el informe, que plantea mantener la negociación como una herramienta para afrontar la violencia.

    Las organizaciones instaron al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella a proteger los derechos humanos, la paz y la democracia.

    «La construcción de paz sigue requiriendo negociación política, inversión social sostenida, transformación territorial, desmantelamiento del paramilitarismo y sus redes de apoyo y garantías de verdad, justicia y reparación», añadió el reporte.

     

     

  • A un mes del terremoto, Colombia enfrenta el enorme desafío de la reconstrucción

    A un mes del terremoto, Colombia enfrenta el enorme desafío de la reconstrucción

    Colombia enfrenta el desafío de reconstruir viviendas, carreteras, centros educativos y establecimientos de salud un mes después del terremoto de magnitud 7.4 que dejó 331 muertos, más de 4,500 heridos, 111 desaparecidos y 466,700 afectados. El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó una emergencia en 16 de los 32 departamentos del país.

    El terremoto comenzó a las 7:34 de la mañana y se prolongó durante 90 segundos, afectando a 296,738 familias. Cali estuvo entre las ciudades más golpeadas, con 154 fallecidos, mientras sus habitantes intentan recuperar la normalidad entre trabajos para retirar escombros, censos, reclamaciones y solicitudes de vivienda.

    El alcalde Alejandro Eder estimó que reconstruir la ciudad podría costar unos 10 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos $2,500 millones según la fuente.

    “Es una tragedia que nos deja una herida abierta profunda, pero que vamos a cerrar uniéndonos entre todos”, indicó Eder a EFE.

    Para recordar a las víctimas, Cali se detendrá durante 90 segundos este jueves, las emisoras de radio guardarán silencio durante el mismo período y las campanas de las iglesias sonarán en los barrios.

    “Haremos que se sienta la voz de Cali, que se sienta que todos estamos unidos, que Cali somos todos y que esta herida la vamos a sanar juntos”, indicó el mandatario local.

    En Pereira, el terremoto dejó 99 fallecidos, 132 desaparecidos y 259 heridos, además de 35,263 viviendas afectadas y 66 colapsos totales. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció 908 mejoramientos de vivienda para el departamento de Risaralda, de los cuales 261 corresponderán a Pereira, como parte de la etapa de reconstrucción anunciada por el Gobierno.

    Chocó, epicentro del terremoto, registró más de 110,000 damnificados y 5,221 viviendas destruidas, además de daños en 365 establecimientos educativos y 80 centros de salud.

    El Gobierno anunció un “Plan Marshall para el Chocó”, que contempla recursos para infraestructura vial y conectividad regional, estudios para una eventual conexión interoceánica entre Urabá y el Pacífico chocoano, la construcción del malecón de Quibdó y capital semilla para 1,000 emprendedores.

    La emergencia también movilizó asistencia internacional. Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Colombia recibió 640 toneladas de ayuda humanitaria procedente de países como Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España, además del apoyo de organismos internacionales. Los aportes económicos recibidos de diferentes países se acercan en conjunto a los $50 millones.

    La dimensión económica del desastre comenzó a hacerse más evidente con el avance de las evaluaciones. La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) calculó en 3.7 billones de pesos colombianos, unos $1,189 millones según la fuente, el valor de los siniestros reportados. La Presidencia contabiliza 202,002 viviendas averiadas y 36,326 destruidas, además de 6,005 edificios afectados y otros 743 colapsados. También se reportaron daños en 400 centros de salud, 4,313 establecimientos educativos y 6,033 centros comunitarios.

    El Gobierno estima preliminarmente que las pérdidas alcanzan unos 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a alrededor de $9,500 millones según la fuente, mientras el déficit fiscal se situó en el 6.4 % al cierre del primer semestre y la deuda pública alcanzó el 60.5 % del producto interno bruto (PIB).

    “No vamos simplemente a reemplazar lo que se perdió; vamos a reconstruir mejor lo que había, con mayor seguridad, infraestructura, más posibilidades, más trabajo y una infraestructura, por supuesto, que sea más resistente y pensando siempre en un mejor futuro para nuestras comunidades», indicó De La Espriella.

     

  • Colombia levanta suspensión general para portar armas de fuego

    Colombia levanta suspensión general para portar armas de fuego

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este martes un decreto que levanta la suspensión generalizada de los permisos para portar armas de fuego en el país, una medida que había prometido durante su campaña electoral.

    «La palabra de un hombre es su honor y yo tengo honor. Por eso, cumplo mi palabra, y durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas no hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse», ha explicado De la Espriella en un vídeo difundido en redes sociales.

    El mandatario aclaró que la decisión no implica un uso indiscriminado de armas y aseguró que continuarán vigentes las normas y controles establecidos para obtener las respectivas autorizaciones.

    De la Espriella sostuvo que «el 99,9% de los delitos armados se cometen con armas «ilegales». «Los requisitos para portar armas siguen siendo muy estrictos: las personas tienen que reunir las condiciones físicas psíquicas y emocionales, así como no tener antecedentes ni problemas», ha detallado.

    El presidente respaldó su decisión con datos sobre las incautaciones realizadas por las autoridades colombianas. Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre fueron decomisadas 15,700 armas de fuego, de las cuales 14,179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.

    Del total incautado, 980 armas aparecen vinculadas con organizaciones narcoparamilitares. Según las cifras proporcionadas por el mandatario, 551 estaban relacionadas con el Clan del Golfo y otras 339 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

    De la Espriella también se refirió al armamento encontrado en poder de las disidencias. «Solo entre las asociadas a las disidencias encontramos 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros», ha precisado el mandatario en un mensaje en redes sociales, agregando que las autoridades quitarán todas las armas a los grupos criminales.

    El decreto modifica así la política general sobre los permisos para portar armas en Colombia, pero mantiene los controles para las personas que busquen obtener una autorización. El Gobierno sostiene que, paralelamente, continuará con las incautaciones de armamento en poder de organizaciones criminales.