Un Registro Social Único integrará los beneficiarios de diferentes programas sociales del Gobierno, de acuerdo con el nuevo reglamento aprobado el 5 de noviembre por el presidente Nayib Bukele y el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, y vigente desde el pasado 14 de noviembre.
El nuevo registro, que será coordinado por el Ministerio de Gobernación, estará regido por principios de las leyes de desarrollo y protección social, y también de protección de datos personales. Sus datos, según el reglamento, no podrán usarse «con fines proselitistas, partidarios o de propaganda».
A más tardar el 14 de diciembre, un mes después de su vigencia, se instalará un «Comité de Gobernanza de Datos» con enlaces en cada institución.
Serán las gobernaciones departamentales las que apoyarán a Gobernación para ejecutar «los levantamientos» y la atención a la población.
El Registro Único de Beneficiarios (ReSU) sustituirá al «Registro Único de Beneficiarios» establecido en la Ley de desarrollo y protección social aprobada en julio de 2016, y deberá ser usado «de manera obligatoria» por los programas sociales del Órgano Ejecutivo, con cualquier fuente de financiamiento.
Integrará la información «con la de los demás registros sociales existentes, así como la que se obtenga de nuevos levantamientos» con la «protección de datos de carácter permanente y de alcance nacional».
Se trata del registro en donde se encuentran los beneficiarios de los subsidios del Gobierno. El reglamento considera la aprobación de un préstamo para la protección social que será administrado por la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda.
«Resulta necesario la identificación objetiva de las personas y hogares en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, exclusión y discriminación», evitar duplicidad de esfuerzos y reducir trámites, indica el reglamento.
Cada institución deberá consultar el ReSU para identificar a las personas y los hogares participantes en sus programas sociales. La información de cada hogar tendrá una vigencia de cuatro años, los datos deberán actualizarse continuamente. Según el artículo 22, habrá «un registro de todos los accesos» realizados al Registro, lo cual deberá realizarse según protocolos aprobados.
Gobernación también coordinará una nueva «Comisión Interinstitucional de Protección Social Adaptativa», que también fue creada por acuerdo ejecutivo. El ReSU pasará información a esta Comisión para elaborar propuestas de activación. El Esta comisión se activará cuando se declare alerta roja o estado de emergencia.
Según el reglamento, no podrá identificarse públicamente a las personas incluidas en el registro, pero la información estadística será accesible.

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