Los 252 venezolanos deportados desde el 15 de marzo por Estados Unidos y recluidos a El Salvador están siendo procesados por delitos y todavía están en prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) según el gobierno salvadoreño.
En la propuesta salvadoreña oficializada el 22 de abril por el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, se asegura que los 252 venezolanos bajo custodia de El Salvador «han sido identificadas por su vinculación con estructuras del crimen organizado transnacional, particularmente con el grupo denominado Tren de Aragua y están siendo procesadas por la comisión de diversos delitos».
Uno de los reclamos de congresistas demócratas a la política de Trump para deportar migrantes supuestamente criminales y recluirlos en la megacárcel salvadoreña es que estas personas no han tenido el «debido proceso» penal, es decir, no están condenados por un delito específico.
El gobierno de El Salvador confirmó el 22 de abril que los venezolanos todavía se encuentran en el Cecot.
El domingo 20 de abril, el presidente de El Salvador propuso a Nicolás Maduro, de Venezuela, repatriar a estos 252 venezolanos a cambio de la liberación de la misma cantidad de presos políticos incluidos extranjeros.
Ayer, Bukele cuestionó a Maduro de falta de coherencia por haber rechazado su propuesta, ya que liberó a 30 presos políticos a cambio de Alex Saab, uno de sus colaboradores.
Los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos acordaron un programa de deportación de criminales extranjeros para encarcelarlos en El Salvador, concretamente en el Cecot, a cambio de $6 millones anuales o un aproximado de $20,000 preso cada año.
En su reciente visita a Estados Unidos, el presidente Donald Trump le «instó» a Bukele a construir más recinto carcelario como el Cecot.
El Cecot tiene capacidad para recluir a 40,000 personas y alberga más de 15,000. Estados Unidos ha enviado casi 300, pero no ha informado cuántos o quiénes de estos han sido procesados o condenados por crímenes. Sin embargo, públicamente, sí han sido señalados por funcionarios estadounidenses de pertenecer a las pandillas Tren de Aragua y MS-13.
Mientras, un grupo de demócratas exige liberar a algunos expresamente, como el salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien la Corte Suprema ordenó regresarlo a Estados Unidos; y el venezolano Andry Hernández Romero, quien fue detenido cuando fue a la cita de solicitud de asilo mediante la aplicación CBP One bajo la sospecha de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua.
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