Un grupo de congresistas demócratas que visitan El Salvador abogaron ayer por que se publique el contrato entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos para deportar supuestos criminales y recluirlos en el
Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) u otras cárceles salvadoreñas.
El congresista demócrata Robert García, de California, manifestó que quieren que «el contrato entre Estados Unidos y El Salvador se haga público».
«Deberíamos entender qué fondos se están transfiriendo para apoyar a las prisiones y deberíamos hacerlo público», dijo ante la pregunta de un periodista en una rueda de prensa.
Para los congresistas, es «ilegal e inmoral» que se deporten personas acusadas de ser criminales sin haber tenido un proceso penal mediante el cual hayan sido condenadas por un crimen.
«Nuestro gobierno está pagando para que las personas sean encarceladas en El Salvador, lo que se refiere a criminales y eso no se ha probado, no se puede probar la criminalidad sin el debido proceso, por lo tanto estamos utilizando el dinero de los contribuyentes en Estados Unidos para violar nuestras leyes constitucionales y encarcelar a personas a costa de contribuyentes», dijo la
congresista Maxine Dexter, en San Salvador.
Ambos gobiernos dijeron haber alcanzado un acuerdo para que El Salvador pueda recibir y encarcelar a criminales extranjeros a cambio de un pago anual de $20,000 por prisionero o $6 millones anuales.
El 15 de marzo, el gobierno de Estados Unidos deportó a 238 venezolanos acusados de ser miembros de la pandilla «Tren de Aragua» y 23 salvadoreños acusados de ser miembros de la MS-13. Posteriormente ha enviado otros grupos.
Los congresistas visitan El Salvador en una misión no oficial –ya que no tuvieron la autorización del Congreso– con la intención de verificar las condiciones de salud y de presionar por la libertad del salvadoreño Kilmar Ábrego García y del venezolano Andry Hernández Romero, ambos deportados de Estados Unidos y recluidos en El Salvador.
Los funcionarios estadounidenses argumentan que dichos prisioneros no han sido sometidos a un debido proceso antes de ser recluidos y subrayan que el presidente Donald Trump debe cumplir una orden de la Corte Suprema estadounidense que ordenó al gobierno de ese país facilitar el retorno de Ábrego García, ya que un tribunal de Baltimore suspendió su deportación en 2019.
El gobierno estadounidense rechaza las peticiones de los demócratas argumentando que Ábrego García es miembro de la MS-13 –algo que su abogado rechaza– y no tiene estatus legal en Estados Unidos.
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