Miembros de la Iglesia Elim, y de las asociaciones Reverdes y Cristosal manifestaron esta mañana dudas sobre las condiciones físicas del pastor José Ángel Pérez, el ambientalista Alejandro Henríquez, y de la abogada Ruth Eleonora Cruz, y aseguran que la condición de incomunicación con sus familias es un patrón en estos casos.
Los representantes de las organizaciones participaron hoy en el webinar «De defensores a personas presas de conciencia: el sistemático cierre del espacio cívico en El Salvador», desarrollado la mañana de este jueves, en el cual el representante de Cristosal, Noah Bullock, dijo que, para él, también «forma parte del grupo» de prisioneros de conciencia declarados así por la Amnistía Internacional.
El pastor general de la Iglesia Elim, Mario Vega, expresó que no tienen por el momento «ninguna comunicación» con el pastor José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa El Bosque, capturado desde el 12 de mayo de 2025, cuando residentes de la cooperativa protestaron frente al centro comercial Las Piletas y de la residencial Los Sueños, cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele, para pedir ayuda para cancelar una orden de desalojo contra 300 habitantes de la comunidad.
Ante la pregunta sobre el estado de salud del pastor, el pastor Vega respondió: «En el caso particular del pastor Ángel, no lo sabemos porque no hay absolutamente ninguna comunicación».
Agregó que la única vez que lo vieron «fue durante la audiencia preliminar» y que incluso no tienen la certeza del lugar en el que se encuentra detenido. «No tenemos una constancia absoluta de dónde se encuentra detenido», fueron sus palabras.
Por su parte, Dalia González, de Reverdes, aseguró que es la misma situación con el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, integrante del Foro del Agua, también capturado después de la misma protesta. «Hasta el momento la familia, los abogados, no han tenido comunicación» con Henríquez, dijo.
Por su parte, Noah Bullock, de la asociación Cristosal, enumeró patrones en estas dos capturas y también en referencia a las detenciones de Ruth Eleonora López y el abogado constitucionalista Enrique Anaya, ambos críticos del gobierno.
«Vemos patrones de violaciones al debido proceso. Esa norma nueva de detener primero y luego investigan. Cortar su vínculo con su familia, surte un efecto de terror en las personas, lo exponen a vulnerabilidades de abusos. Falta a la protección judicial. La reserva», enumeró como patrones comunes en las capturas, sin entrar a responder específicamente sobre el estado de salud de Ruth López, su comunicación con familiares y abogados, o su lugar de detención.
En el webinar, César Marín, de Amnistía Internacional, aseguró que el nombramiento de prisioneros de conciencia para Ruth López, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez busca ser una herramienta para llamar la atención de lo que está pasando en El Salvador pero no quiere decir que la declaración esté «limitada a estas tres personas».
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