El gobierno pospuso de julio hasta finales de septiembre la publicación de una evaluación actuarial del sistema de pensiones que se utilizará como base para diseñar la próxima reforma de pensiones de El Salvador, según el documento final de la cuarta revisión 2025 del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el informe de revisión publicado el 15 de junio, la publicación de la propuesta de reforma de pensiones se mantiene para el 10 de febrero de 2026 para que la aplicación de la reforma se realice “a mediados de 2026” con la incorporación de recomendaciones del FMI.
El FMI ha solicitado que la nueva reforma logre logre contener los costos fiscales asociados a la reforma de 2022, ya que esta «desvinculó” los beneficios de los saldos individuales y dispuso que con estos se financiara «lo que queda del sistema público de reparto anterior”, es decir, pensiones del sistema público.
La publicación del informe actuarial estaba proyectada para finales de julio de 2025. Los estudios actuariales previsionales hacen proyecciones de flujos de ingresos y egresos del sistema, según las cotizaciones de los trabajadores, el aporte de los empleadores, las edades de jubilación, la esperanza de vida y las obligaciones futuras de pago de pensiones.
El acuerdo financiero con el FMI compromete al Gobierno salvadoreño con una reforma de pensiones a “asegurar una financiación adecuada al sistema de pensiones y una diversificación adecuada de los activos de las carteras gestoras de fondos de pensiones privadas”. El FMI reitera en este nuevo documento publicado ayer que también debe haber una “sólida colaboración con otros acreedores oficiales”.
Pese a ello, el FMI espera que se disminuya la dependencia del Estado con los fondos de pensiones y del endeudamiento interno con el sistema financiero.
La deuda que tiene el Estado con los ahorros de los trabajadores cotizantes de las AFP asciende a $10,789.19 millones hasta mayo, de los cuales $2,394.42 millones es nueva deuda contraída por el Estado luego de 2022. El FMI espera la reducción de la “dependencia de los fondos de pensiones” como parte del acuerdo de $1,400 en busca de la estabilidad financiera del país.
Sin embargo, el FMI advierte que la emisión de nueva deuda de pensiones «ha caído significativamente a alrededor de US$171 millones durante el primer trimestre de 2025, en comparación con más de US$420 millones durante el mismo período del año pasado», al señalar la necesidad de continuar el programa de consolidación fiscal.
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